04/12/2018 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El rechazo del gobierno de Uruguay al asilo solicitado por el expresidente Alan García Pérez constituye quizá la más dura derrota política sufrida por el dos veces exmandatario peruano, porque desbarata los argumentos que maquinó para eludir las investigaciones que el Ministerio Público le sigue por presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada en el caso de las supuestas coimas pagadas por Odebrecht para adjudicarse la licitación de la línea 1 del Metro de Lima.Al dar a conocer la decisión, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez dejó en claro que Alan García no es perseguido político, y avaló la posición del gobierno peruano al señalar que en nuestro país los tres poderes del Estado funcionan autónomamente y libremente, en especial el sistema de justicia “que está llevando adelante las investigaciones de los eventuales delitos económicos” del exmandatario.Pero el golpe es más fuerte aún, porque con la resolución del gobierno uruguayo la credibilidad de García Pérez queda muy resquebrajada. No olvidemos que el sábado 17 de noviembre el Poder Judicial le dispuso impedimento de salida del país por 18 meses, al que el líder aprista dijo allanarse y que para él no era un castigo sino un honor permanecer año y medio en su patria, pero horas después se refugió en la residencia del embajador charrúa en Lima, Carlos Barros, solicitando el asilo.
Por ello, cuando a través de un pronunciamiento que leyó su abogado, el expresidente aseguró que permanecerá en su domicilio “a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan"; políticos de oposición respondieron que no le creen y algunos hasta pidieron que la Fiscalía solicite prisión preventiva por peligro de fuga.Una vez más pedimos a los políticos, tanto del Ejecutivo como del Congreso, que se abstengan de hacer ese tipo de pronunciamientos no solo con Alan García, sino con todos los investigados por los casos de corrupción, para evitar que se amparen en los mismos para denunciar persecución política, desde el gobierno o de sus adversarios políticos.Dejen que el sistema de justicia actúe soberanamente y que el fiscal José Domingo Pérez continúe con sus investigaciones, que acumule todos los elementos de convicción para en su momento, si lo considera necesario, solicitar medidas restrictivas como la prisión preventiva.
García dice en su pronunciamiento “que no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras". Es entonces la oportunidad de demostrar que es inocente y no intente pedir asilo a otra embajada. Recuerde su frase, “el que no la debe, no la teme”.
