OPINIÓN| Nicolás Lúcar: ¿Y después de Chávarry qué?

Hoy, Pedro Gonzalo Chávarry está presentando formalmente su renuncia al cargo de fiscal de la Nación ante la Junta de Fiscales Supremos.Esta dramática decisión debería traer consigo e inmediatamente dos consecuencias.La primera de ellas es que los fiscales supremos, honrando su compromiso, deberían elegir como nueva fiscal de la Nación a la Dra. Zoraida Ávalos. Cuando Pablo Sánchez asumió la conducción del Ministerio Público lo hizo cumpliendo el acuerdo previo de que la sucesión en la Fiscalía de la Nación se haría en función estricta al principio de antigüedad. Fue por eso que, al cumplir su mandato, Sánchez fue reemplazado por Chávarry que lo seguía en antigüedad y se daba por entendido que debía ser Zoraida Ávalos la que, en su momento, tomaría la posta. Este compromiso debería cumplirse a menos que se quiera iniciar una nueva crisis.

Lo segundo que debería ocurrir es que el gobierno del presidente Martín Vizcarra retire en el día el controvertido proyecto de ley de reorganización del Ministerio Público. Las críticas que se han formulado al mismo, y en particular el cuestionamiento que se ha planteado a su legitimidad constitucional deberían ser suficientes argumentos para que el presidente Vizcarra dé un paso atrás en este tema.

La solución a los problemas de fondo que se han hecho evidentes en esta crisis, pasa por la aprobación -al menor plazo posible- de la ley que crea la Junta Nacional de Justicia y que está pendiente de debate en el Congreso. Tras la aprobación de la ley, se debe instalar de inmediato la Comisión Especial encargada de hacer la selección de la primera junta, lo que debería convertirse en una prioridad nacional en un proceso que debe ser público y transparente.

Una vez instalada, la junta debería proponerse como primera tarea evaluar uno por uno a los actuales miembros de la Junta de Fiscales Supremos y de la Corte Suprema de Justicia.

Debe separarse la paja del grano y darle a los peruanos un liderazgo de las instituciones de justicia que cuente con la solvencia moral y profesional que tamaña responsabilidad supone y que garantice que quienes estén a la cabeza del Ministerio Público cuenten con el respeto y la confianza de los ciudadanos.Ese debe ser el comienzo del saneamiento del sistema de justicia del que deben ser expectorados los corruptos y los incapaces.La tarea será ardua, pero para ella no hay atajos.