OPINIÓN| Nicolás Lúcar: Una pregunta que exige respuesta
Keiko Fujimori estará los próximos 3 años en prisión preventiva, tiempo suficiente para que concluya la investigación que se le sigue y para que la sentencien, tras las evidencias que han sido presentadas por la Fiscalía y de las que todos los peruanos hemos sido testigos. La Fiscalía ha acreditado que Keiko Fujimori fue la directa beneficiaria de dinero ilegal entregado secretamente para su campaña electoral por parte de Odebrecht y de otras fuentes. Una organización criminal construida alrededor de ella utilizó luego subterfugios para introducir esos dineros en la campaña y cuando fue puesta en evidencia, ejerció presión sobre los testigos y participantes en la telaraña que habían tejido, tratando por todos los medios de impedir que la investigación en su contra progrese.Las cosas están claras y es altamente probable que sea condenada. La novela de Keiko debería estar en sus capítulos finales.
Pero, seamos sinceros, esto no significa que nos hayamos siquiera acercado a desmontar la red de corrupción que se organizó en el Perú tras la caída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.Gracias a las investigaciones de la Fiscalía y la Policía, pero sobre todo gracias a las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht, sabemos ahora que se había construido en el Perú una red de corrupción que comenzaba con el financiamiento de las campañas electorales y terminaba con el otorgamiento de obras públicas y concesiones a cambio de comisiones ilegales. De esta red han sido parte expresidentes de la República, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes, notables empresarios, abogados y hasta periodistas.
Para quien estas líneas escribe, los delitos imputados a Keiko Fujimori están claros y debería pagar por ellos, pero no nos engañemos: ella no logró ganar una elección los últimos 19 años, nunca gobernó. Han sido otros los que no solo recibieron dineros para sus campañas, sino que mal gobernaron el país para satisfacer las necesidades de sus auspiciadores y por supuesto cobrar en el camino comisiones ilegales. Ellos también recibieron dineros ilegales y también fraguaron mecanismos ilegales y vedados para meterlos en sus campañas, tal cual hizo Fuerza 2011 primero y Fuerza Popular después. Ellos también están presionando e intimidando testigos para que la verdad no se sepa. Ellos están conspirando para que la declaración de los funcionarios de Odebrecht no se produzca. Pero hay algo más grave aún: ellos son los responsables de hacer prioritarias obras que no lo eran, sacrificando urgencias nacionales. Son ellos los que nos han dejado la herencia de obras sobrevaloradas hasta límites grotescos, como la línea 2 del Metro o la Interoceánica del Sur. Son ellos los responsables de que la educación, la salud pública, la seguridad y la infraestructura nacionales den vergüenza, mientras ellos servían los intereses de sus auspiciadores y se forraban los bolsillos con dineros sucios. Ellos deberían estar haciendo fila para ir a la cárcel, pero eso no está ocurriendo.
Por razones que nadie ha podido explicar satisfactoriamente, las investigaciones sobre Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de las que corresponden a Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio, José Graña, el 'Club de la Construcción' y sus entornos de abogados y operadores mediáticos, no caminan ni con la celeridad ni con la eficiencia con la que se ha tratado el caso de Keiko Fujimori.En la propia argumentación de los cargos que levantó el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko se hacía explícita referencia a la convicción del Ministerio Público, basado en las mismas evidencias con las que se acusaba a Keiko, de que todos los expresidentes de los últimos 20 años fueron financiados ilegalmente cuando fueron candidatos.La pregunta que estamos obligados a hacer y que el Ministerio Público tiene el deber de responder es por qué toda esta gente no está presa como Keiko. Con Chávarry o sin Chávarry, estamos esperando una respuesta.