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OPINIÓN| Mario Amoretti Pachas: Intervención política en el Ministerio Público

Ojalá que no se presenten nuevos problemas, como la de oponerse  al pago de la reparación civil, como sucedió hace cerca de un año.
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03-01-2019

EMERGENCIA.- Según proyecto de ley que presentará al Congreso de la República, a fin de que dicha entidad autónoma por mandato constitucional sea declarada en emergencia, dada la situación lamentable en la que se encuentra ante la remoción del fiscal superior Rafael Vela y el fiscal provincial José Domingo Pérez, para nombrar una Junta de Fiscales Supremos Provisionales. La pregunta que nos hacemos, teniendo en cuenta lo sucedido en toda la época republicana, ¿van a colocar a personas del entorno del gobierno? Que no se repita lo que anteriormente se hizo.

REORGANIZACIÓN.- Los gobiernos y Congresos de la República desde el inicio de nuestra época republicana, para “tomar el sistema judicial” han recurrido al cese, cambios, no ratificaciones, destituciones o reorganizaciones, con la única finalidad de nombrar a sus allegados a fin de que le cuiden las espaldas cuando dejan de ser gobierno. No dejemos que se politice al sistema de justicia, no se aprovechen, como se hizo anteriormente aprovechando del desprestigio que tienen.

Recordemos, la destitución de más de 156 magistrados -jueces y fiscales-, en el gobierno de Fujimori y, sobre todo, recordemos quiénes tuvieron a su cargo la elaboración de los defenestrados; y luego de la designación de sus reemplazantes, ¿ocurrirá lo mismo? No dejemos que se politice el sistema judicial. Si queremos que mejore la administración de justicia, se debe empezar por asignarle el presupuesto que necesitan, mayor personal, locales, logística y que se nombre por méritos y no por favores políticos.

Se ha dejado sin efecto la Resolución de la Fiscalía de la Nación que dispuso la remoción de los fiscales Vela y Pérez, al haber declinado los fiscales Almanza y Páucar; además, era lo más conveniente para seguir con la colaboración eficaz; y lo más importante que podamos conocer a los corruptos que se apropiaron del dinero de nuestro país. Ahora ya no habría razones valederas para la declaratoria de emergencia o reorganización.

Ojalá que no se presenten nuevos problemas, como la de oponerse al pago de la reparación civil, como sucedió hace cerca de un año, cuando los procuradores solicitaron un mayor monto a Odebrecht y originó que el proceso de colaboración eficaz no continuara, sin tener en cuenta costo y beneficio. Si Dios quiere a partir del 16 del mes en curso, por fin conoceremos el nombre de los corruptos -funcionarios, empresarios, políticos, abogados, etc.- y ojalá que a estos se les embargue sus bienes.

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