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OPINIÓN| Mario Amoretti: ¿Más de lo mismo?

Es inaceptable que no se respete el irrestricto derecho de defensa de los abogados.
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20-12-2018

Si examinamos de manera retrospectiva nuestra historia republicana, verificamos que todos los Gobiernos y Congresos de la República, desde setiembre de 1820, José de San Martín a su llegada a nuestro país -según historiadores-, nace el Poder Judicial, como tal; y desde aquella fecha se han nombrado múltiples comisiones para “reformar el sistema judicial”, pero sin ningún resultado positivo.

En toda la época republicana se llevaron a cabo 13 intentos de supuestas reformas, limitándose a destituir a jueces y fiscales, a fin de colocar en su lugar a personas allegadas a ellos. La crisis en la que se encuentra la administración de justicia es crónica. Para iniciarla hay que proporcionarles los medios económicos que vienen reclamando durante años, que los otros poderes del Estado se niegan a darle el presupuesto necesario, no le otorgan por razones subalternas a fin de pretender manejarlos políticamente.

Ante el convenio celebrado con Odebrecht -vía colaboración eficaz-; el mismo que tiene la condición de reservado y no puede ser de conocimiento de otros, respecto a las condiciones e involucrados, porque, solamente intervienen el fiscal, el colaborador y su abogado; motivo por el cual sorprende que el miembro de una comisión del Congreso pretenda solicitar todo lo relacionado a este acuerdo, pedido que en modo alguno no puede ni debe prosperar. Al parecer el objetivo es conocer quiénes están involucrados en casos de corrupción, como ha sucedido en épocas anteriores, a fin de que sean investigados, denunciados y sancionados.

Es inaceptable que no se respete el irrestricto derecho de defensa de los abogados, en el ejercicio profesional, mucho menos que se pretenda aplicar medidas restrictivas que vulneran este derecho fundamental; si un abogado está comprometido en actos de corrupción que se le investigue y sancione, respetando el debido proceso y no convertir a los autores de actos delictivos en “testigos protegidos”, para utilizar su declaración sin corroborar la información que proporciona.

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