OPINIÓN| Dennis Falvy: El problema con avivatos y morosos
El Gobierno anterior quiso arreglar el problema de los alquileres de inmuebles, y tal parece que la ley fue distorsionada con el reglamento y por ello la TV ha mostrado varias veces los abusos de inquilinos que no quieren irse, la dejadez y tiempo que toma el juez para el desalojo si procede y la enorme factura que deja el que no paga los servicios y gastos comunes, si es que vive en un edificio, por más junta de propietarios que tenga el mismo. Este Gobierno, por el lado del Ejecutivo, quiere que haya un desalojo express a los morosos, y por el lado del Congreso, un embargo de la Junta de Propietarios a los inquilinos que no pagan los gastos de mantenimiento. En la Argentina de Macri, la periodista Liliana Franco señala que el Gobierno logró frenar un proyecto de Ley de Alquileres, dado que Mauricio Macri ordenó que se interviniera en el tema, cuando se enteró que un importante desarrollo de viviendas para alquiler, de varias decenas de millones de dólares, había sido frenado por la incertidumbre que generó el proyecto de ley que promovía un diputado dándole ventajas a los inquilinos.
Por ello el giro del Gobierno pretende premiar desde el punto de vista tributario, el desarrollo de construcciones que tengan como destino el alquiler y aplicar tasas de impuestos reducidas para el blanqueo de los contratos de alquiler, tanto de vivienda como comerciales.Y es que la Cámara de Diputados dio un dictamen a un proyecto que apuntaba a defender a los inquilinos, regulando los mecanismos de ajuste de los alquileres y extender a un mínimo de 3 años el plazo de los mismos. Y se advirtió que las regulaciones propuestas terminarían reduciendo la oferta y, en última instancia, perjudicando a los inquilinos.
Los datos oficiales arrojan que tres millones y medio de hogares tienen problemas de vivienda y que es necesario construir más de un millón de unidades. Pero al mismo tiempo, el rendimiento promedio que dejan los alquileres es bajo. Cálculos del sector lo estiman en el orden del 3% del capital invertido.
En estas condiciones, en medios del sector inmobiliario se considera mayores costos para los propietarios o un aumento en la incertidumbre en cuanto al grado de cumplimiento de los contratos, lo cual llevaría no solo a que se frenen nuevas construcciones, sino que también los actuales propietarios terminen destinando a la venta las viviendas o cerrarlas.En el Gobierno también consideran necesario "blanquear" la actividad ya que no es más del 30% de los contratos, incluyendo los de carácter comercial, los que están registrados. La iniciativa contemplaría reducir a la mitad lo que se tributa por el impuesto a las ganancias de los propietarios, para combatir la informalidad y, de paso, lograr mayor recaudación.Otra cuestión bajo estudio por parte de las autoridades, consiste en reforzar la ejecución en los desalojos para el caso de los inquilinos que no pagan. La intención oficial, señalan, es que "los juicios sean sumarísimos, de manera tal que el inquilino que no cumpla, sea desalojado en un plazo máximo de 60 días".
Por lo visto, el problema este es recurrente y similar en diversos países en el rubro tan importante de la vivienda.