Niñas y mujeres son perseguidas y criminalizadas pese a haber sido víctimas de violencia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que en países como el Perú, las hemorragias graves, las infecciones (generalmente tras el parto) y los abortos peligrosos se encuentran entre las principales complicaciones causantes del 75% de las muertes maternas.
Entre el 2012 y 2018, los establecimientos del Ministerio de Salud a nivel nacional recibieron a 306.423 mujeres con diagnóstico de aborto, de las cuales 19.829 eran niñas y adolescentes, según un informe de Ojo Público.
Sin embargo, esto no es lo único grave. En el Perú, la mayoría de niñas, adolescentes y mujeres que atraviesan por esta situación, terminan siendo perseguidas y criminalizadas por el Estado. Entre el 2015 y el 2018, el Ministerio Público inició procesos contra más de tres mil mujeres por el delito de aborto.
Desde enero del 2018 a marzo del 2019 los abogados de oficio de todo el país asumieron el patrocinio de 240 pacientes con secuelas de aborto autoinducido, espontáneo, no consentido o eugenésico. De este grupo, 55 eran adolescentes, y cinco de ellas fueron procesadas tras la interrupción de embarazos originados por una violación sexual.
Asimismo, cuatro mujeres fueron detenidas por el delito de aborto, por la causal de aborto terapéutico, a pesar de que este procedimiento es legal desde 1924 y, en 2014, se aprobó su Protocolo. Según datos proporcionados por el Ministerio Público, 18 menores de edad fueron detenidas por el delito de aborto, mientras que 214 mujeres fueron detenidas por el mismo motivo, entre los años 2012 y 2018.