Protestas
23/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/01/2023
Yolanda Enríquez Vargas denunció que recibió maltratos e insultos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el operativo que se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el sábado 21 de enero. La mujer de 58 años había llegado desde la ciudad de Huancavelica para unirse a las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso.
El caso de Yolanda se hizo conocido luego de que se difundiera en redes sociales un video en donde se escucha a la policía identificada como Y. Zuta V., según las iniciales de su uniforme, gritarle a la mujer que había sido obligada a permanecer en el suelo durante el operativo.
A su salida de la carceleta de la Prefectura de Lima, la ciudadana huancavelicana narró que fue detenida arbitrariamente cuando terminaba de desayunar junto a los demás manifestantes provenientes del sur del país. "Nos detuvieron cuando terminábamos de desayunar los alimentos que donaron nuestros compañeros y luego nos desnudábamos para bañarnos. En esos instantes lanzaron una bomba y derribaron la puerta", declaró en quechua.
La mujer contó que cuando estaba apunto de bañarse, la PNP ingresó a la casa de estudios con bombas lacrimógenas. "Como un terrorista nos han tratado, nos han arrastrado, nos han enmaromado en el suelo", señaló.
Tras ser obligada a permanecer en el suelo boca abajo, los oficiales de la PNP empezaron a acusarla de 'terrorista', además de lanzar contra ella adjetivos racistas.
"Cuando decíamos que veníamos por esa asesina para que renuncie, nos decían: 'cállense, mierda'. Casi en la cabeza a mi hija la han pateado. A mí también me decían: '¡Chola, cállate!' Yo pedía auxilio a nuestro divino. 'Cállense, terrucos de mierda', nos decían", lamentó.
Yolanda Enríquez también reveló que los agentes de la PNP los apuntaron con armas de fuego y propinaron golpes a otros ciudadanos.
El Ministerio Público informó el domingo que de 193 detenidos, 192 han sido puestos en libertad. Todos serán investigados por "delitos patrimoniales", mientras que tres por "afiliación a organización terrorista".
