Minería ilegal pone en riesgo a comunidades de Huamachuco
Los pobladores de los caseríos aledaños a la zona minera del cerro el Toro en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, temen que la tan anunciada tercera ola del coronavirus se propague en sus comunidades debido a la expansión de las labores mineras ilegales que han convertido a la zona en un posible foco de contagio de la covid-19.
Los comuneros captaron imágenes de cómo siguen trabajando en esas labores clandestinas, a pesar de la disposición emitida por la Gerencia Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de La Libertad que restringe actividades extractivas ilegales en el cerro El Toro. Todo ocurre ante la inacción de las autoridades y de la Policía para hacer frente a esta ilícita actividad.
Según denunciaron, sin ningún tipo de protocolos sanitarios, los ilegales han incrementado el número de su personal que llega hasta el lugar para trabajar en los socavones y extraer de forma irregular el tan ansiado mineral burlando todas las medidas de salud.
Advirtieron que estos últimos días, entre el 27 de julio y 2 de agosto, se ha observado mayor movilización. Entre 700 u 800 personas ingresan y más de 90 vehículos circulan por estos campamentos mineros. Algunos vecinos de Shiracmaca han intentado denunciar ante las autoridades competentes y los medios locales, sin lograr pronta solución a esta problemática.
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“Algunos medios locales nos apoyan solo cuando se trata de ir contra la mina formal. Pero cuando se trata de denunciar a los mineros ilegales o los dirigentes como Jorge Espejo Moreno o el pastor Oswaldo Alva Polo no contestan nuestras llamadas. También estamos abandonados por las autoridades”, lamentaron.
Es al anochecer que se nota el aumento de camiones que transportan los explosivos y mineral robado. Los choferes siguen la ruta establecida e incluso pasan frente a las dependencias policiales en Huamachuco, sin ningún temor. Su destino es Shiracmaca, el caserío donde viven y esconden los mineros ilegales de Huamachuco.
Los camiones que salen del mencionado caserío, apenas se inicia el anochecer, llevan el mineral robado. Nadie los detiene para una inspección. A esa hora, extrañamente, la salida hacia Trujillo está libre.
Dato
El jefe policial, Julio César Hernández y el subprefecto, Mario Vargas, son acusados de no realizar ninguna coordinación para enfrentar a los mineros ilegales.
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