23/04/2020 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
La ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, celebró los avances que viene mostrando el Gobierno en materia de medidas adoptadas para prevenir la expansión del coronavirus dentro de las cárceles, luego que el Gobierno aprobara un Decreto Supremo que agiliza indultos para aproximadamente 3 mil internos, todos ellos población vulnerable.
“se pudieron hacer más cosas, pero creo que no es el momento de hacer balances. Veo una corrección en lo que se hizo, Esos 3 mil están dentro de la prerrogativa presidencial, hay otro grupo que se va a trabajar desde el Poder Judicial. Hay que ir encontrando el camino en esto que nos va a acompañar todo el año”, dijo en diálogo con Jack Miranda, en Exitosa.
Recordemos que, ayer el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, confirmó que 113 trabajadores del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) y aproximadamente 500 internos del país se contagiaron con coronavirus. De ellos, tres trabajadores fallecieron y 13 internos perdieron la vida. Por ello, una medida clara para afrontar el brote de covid-19 dentro de los penales se hacía urgente.
GOBIERNO APROBÓ DECRETO QUE AGILIZA INDULTOS PARA INTERNOS EN SITUACIÓN VULNERABLE
Se toman medidas en las cárceles. El Gobierno aprobó un Decreto Supremo - publicado en el diario oficial El Peruano - este jueves que permite acelerar cerca de 3 mil indultos presidenciales, en los 68 penales a nivel nacional, con la finalidad de proteger a población vulnerable frente al avance del coronavirus.
Este Decreto Supremo simplifica el procedimiento que tiene a cargo la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, además de establecer los criterios de selección de los grupos que recibirán esta gracia por parte del presidente de la República.
Se estima que esta medida beneficiará a aproximadamente 3 mil internos, de los 97 mil que se encuentran en las cárceles en todo el Perú. Entre los beneficiados, están las mujeres en estado de gestación, internas madres con hijos menores de tres años, internos con sentencias menores a cuatro años, los mayores de 70 años y que no hayan cometido delitos graves.
Además, aquellos próximos a cumplir su sentencia dentro de seis meses, y aquellos enfermos dentro del grupo de riesgo por el coronavirus (COVID-19). Ninguna de estas personas puede haber sido condenados por delitos de terrorismo, crímenes de lesa humanidad y entre otros, ya que liberarlos podría significar poner en peligro a la ciudadanía.
