15/12/2018 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
En un intento evidente de obstruir la investigación que se le sigue, a decir de la fiscal, el suspendido congresista Moisés Mamani no asistió a la audiencia convocada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, donde se iba a ver el levantamiento de su inmunidad parlamentaria por el caso de presuntos tocamientos indebidos a la tripulante de una empresa aerocomercial.
“El parlamentario estuvo notificado con la debida anticipación. Es lamentable que el congresista Mamani se le corra a la justicia. La Fiscalía lo ha notificado varias veces para que brinde su declaración y no ha acudido porque sabe que no se le puede ordenar su conducción compulsiva, ahora tampoco se ha presentado”, sostuvo la fiscal Jacqueline Pérez.
A la diligencia tampoco asistió el abogado Eduardo Piaggio -también acusado por una de sus sobrinas de tocamiento indebido-, encargado de la defensa legal del legislador fujimorista. En la Fiscalía se informó que ambos enviaron un escrito solicitando el aplazamiento de la audiencia.
La fiscal Jacqueline Pérez informó que Moisés Mamani solicitó en su pedido de aplazamiento de la audiencia que el caso no sea visto en el Callao sino que sea trasladado a Puno. La petición de ambos motivó que la jueza Sara Gamarra Llanos dispusiera reprogramar la diligencia para el próximo 20 de diciembre a las 9 a.m.
Entre otras razones, la defensa del controvertido legislador señala en su petición que se incumplió el plazo de notificación procesal en sus dos domicilios, puesto que solo se contabilizó dos días, y no los tres que exige la ley, para que el legislador estuviera informado de la audiencia.
Como se informó, el Congreso de la República suspendió al congresista 120 días sin goce de haber, el pasado 8 de diciembre, tras ser denunciado por la aeromoza de una nave por el delito de tocamientos indebidos.
ANTE CÓDIGO DE ÉTICA
La sanción que recayó sobre el congresista fujimorista, Moisés Mamani, está contenida en el artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria, en el que se gradúan las sanciones y donde se detalla que, en caso de indicio de delito, se deberá notificar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
