16/11/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres 2022, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Movimiento Manuela Ramos y la Alianza por la Solidaridad lanzaron la campaña “Vulnerabilidades, violencias y derechos sexuales reproductivos desde la perspectiva de los derechos humanos”, que busca visibilizar la situación de las mujeres migrantes venezolanas en América Latina, incluyendo a los países de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
El principal objetivo de esta campaña es lograr que los Estados adopten medidas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en general, así como el derecho a una vida sin violencias para mujeres migrantes y refugiadas en nuestros países. En el Perú existen 1,4 millones de venezolanos de los cuales el 48 % son mujeres.
Por este motivo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, reafirmó que el Perú cuenta con una política nacional de igualdad de género aprobada en el 2019, que tiene como uno de sus objetivos la reducción de la violencia hacia las mujeres, el cual reconoce la importancia y el involucramiento de todas las instituciones públicas y privadas para que sea implementada.
“La violencia en el Perú no discrimina género, ámbito social, cultural, política, condición sexual ni migratoria. No obstante, si nos acercamos a las estadísticas, podemos observar que las mujeres, niños y niñas, y adolescentes son los más vulnerables ante la violencia. Quiero destacar que la violencia contra las mujeres migrantes es una modalidad de violencia de género”, expresó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila.
Precisó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que constituye un problema de salud pública y la violación de los derechos de las mujeres también es un problema que involucra a las migrantes. Por lo tanto, su protección se ha incorporado en diversos instrumentos internacionales.
“En el Perú se reconocen 21 modalidades de violencia de género. Una de ellas es la violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas. Por ello, nuestro país está comprometido internacionalmente con los derechos humanos, nuestro Estado tiene la responsabilidad de erradicar y brindar protección y atención frente a esta problemática social que afecta principalmente a las mujeres, donde las migrantes y refugiadas son las más afectadas debido a su especial condición de vulnerabilidad y estereotipos que hemos creado en la sociedad”, destacó la ministra Dávila.
A su turno, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar indicó que la movilidad humana genera muchas reacciones y las más hóstiles son la xenofobia, el racismo, y todas las formas de expresión negativa que podemos tener hacia esas personas. “El acceso a los servicios de salud de las mujeres migrantes en el año 2019, según cifras del MINSA, indican que solo se atendieron a 275 mujeres extranjeras y en el 2020 a 280. Si estamos con un millón y medio de personas, esa cifra es muy baja. No es que no tengan problemas, es que las mujeres no están llegando al establecimiento de salud. Estos casos de violencia dan cuenta que ellas están asimilando y asumiendo la violencia sin poder llegar a los servicios a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo”, destacó la defensora del Pueblo.
“Nosotros el año pasado hemos supervisado la respuesta pública y la ruta de atención respecto a la violencia de género en población migrante y refugiada. Los principales hallazgos fueron que los esfuerzos institucionales son todavía insuficientes porque faltan lineamientos y porque se desconoce la norma fiscal. En el momento que la persona va a esos servicios, muchas veces la atención no es la más adecuada. Se tiene que fortalecer la respuesta intersectorial, intergubernamental, que se actualicen los protocolos, que haya información para las mujeres, que se dispongan mecanismos y contar con información periódica”, puntualizó.
Según el Informe Especial “Violencia hacia las mujeres migrantes”, realizado por el Movimiento Manuela Ramos, donde se entrevistó a 1,211 personas durante el mes de octubre, ocho de cada 10 personas encuestadas dijeron que las personas migrantes que viven en el país merecen el mismo trato que cualquier ciudadano peruano. Mientras que el 20 % señaló que no debe tratarse igual a un inmigrante que a un peruano(a), especialmente del centro del país y en el nivel socioeconómico C.
Además, en el referido estudio, el 35 % considera que las mujeres venezolanas provocan que las acosen sexualmente, siendo significativamente mayor esta opinión entre las mujeres (41 %) que entre los hombres peruanos (30 %). No obstante, las personas de 25 años a más son la que tienden a pensar de esta manera.
“También existen aún muchos estereotipos o roles que las mujeres deberían cumplir en la sociedad, y eso impacta en la vida de muchas a través de violencias, desigualdades y pérdida de oportunidades para su crecimiento profesional. Asimismo, el 80% de violencia sexual que sufren las mujeres se da durante la niñez y la adolescencia. En el caso de las venezolanas, son estereotipadas por su aspecto físico y debido a ello, para conseguir trabajo o mantenerlo, se le pide a cambio favores sexuales”, señaló Rocío Gutiérrez, subdirectora del Movimiento Manuela Ramos.
En el caso de Bolivia, la asociación Alianza por la Solidaridad realizó un estudio donde se reporta que existen alrededor de 20 mil migrantes venezolanas, de las cuales más del 90 % se encuentran en un rango de edad entre los 18 a los 45 años y que en su mayoría viven con sus parejas e hijos. Una gran parte tienen estudios secundarios y la otra cuentan con estudios universitarios y son profesionales.
“Hay un mayor aprovechamiento sexual porque hay explotación económica y de horarios. Por mayor trabajo se les paga menos y también se les piden favores sexuales, a cambio de mejorar o tener una estabilidad laboral. Además, sacan anuncios donde se pide específicamente mujeres venezolanas, pero que tiene que ver con el trabajo sexual. Es algo con lo que tienen que vivir a diario”, destacó Magalí Chávez de la Alianza por la Solidaridad (Bolivia).
En tanto, en Colombia se realizó un análisis de la situación de la violencia basada en género (VBG) en seis municipios del norte de Santander (Cúcuta, Villa del Rosario, Herrán, Ragonvalia, Tibú, Puerto Santander), con un enfoque específico en mujeres afectadas por el conflicto armado y la migración /refugio desde Venezuela, además los impactos añadidos por la pandemia de la COVID-19.
“En este análisis se encontró que el 61,1 % de las migrantes venezolanas declararon haber sufrido uno o más tipos de violencia: física (14,7 %), violencia psicológica frecuente (38,2 %); violencia sexual (16,2 %); o económica (17,6 %). Además, una inmensa mayoría (80,4 %) de las personas conoce una o más situaciones de violencia contra las mujeres en su entorno”, puntualizó Liubka Milena Buitrago de Alianza por la Solidaridad de Colombia.
Asimismo, uno de los grandes problemas que sufren las mujeres migrantes es la xenofobia de parte de la población de los diferentes países, un problema social que también debe ser erradicado por parte de los Estados, quienes deberían implementar políticas públicas para frenar esta problemática.
“Justamente el objetivo de esta campaña es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del derecho a una vida libre de violencia, pero también mirando desde el lado positivo el tema de la migración. La población migrante trae un capital humano, profesionales sobrecalificados. Si hubiese una política clara respecto a la población, se podría capitalizar mejor el recurso humano”, dijo Elga Prado, representante del Movimiento Manuela Ramos.
Para conocer más sobre la campaña puedes ingresar al siguiente link:
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