La OCDE expresa preocupación por la independencia judicial y fiscal en el Perú
A través de un comunicado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) expresó su preocupación por las independencias judicial y fiscal peruanas, así como por la creación de una Escuela Nacional de Magistrados. Según la organización, toda propuesta similar debería evaluar posibles impactos en transparencia y rendición de cuentas.
"Del mismo modo, las recientes reformas al marco legal del Perú sobre acuerdos de cooperación y decomiso de bienes podrían socavar la capacidad de los fiscales para perseguir a los responsables de actos de corrupción", indica el comunicado.
Protección de jueces y fiscales
Los pasados 21 y 22 de enero, la OCDE envió a un Grupo de Trabajo sobre Soborno a Lima para tocar temas vinculados a las autonomías judicial y fiscal. Según los informes, el grupo manifestó su preocupación respecto a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, ya que algunos han estado condicionados a procesos disciplinarios e investigaciones fiscales mientras desarrollan sus funciones.
"Durante el mismo periodo, también se introdujeron iniciativas para descalificar a ciertos miembros de la Junta Nacional de Justicia, junto con una propuesta legislativa para reemplazar la Junta por una Escuela Nacional de Magistrados. Esta propuesta debe ser cuidadosamente evaluada para evitar posibles impactos en la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de nombramiento y disciplina de jueces y fiscales", señala la OCDE.
A consideración de la organización, esto podría generar impedimentos sobre la capacidad fiscal para investigar casos de soborno, siendo una amenaza para las independencias fiscal y judicial peruanas.
Pronunciamiento de la presidenta
Tras su visita, la presidenta del grupo de trabajo, Kathleen Roussel, agradeció a los funcionarios de los tres poderes del Estado peruano por reunirse con la delegación de la OCDE y discutir sus preocupaciones. Asimismo, señaló que "el Perú ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción, incluidos varios casos de alto perfil contra funcionarios de alto rango".
"Es una preocupación permanente del Estado peruano buscar una mejor administración de justicia. El Perú es un país democrático que respeta la separación de poderes y la institucionalidad que está consagrada en nuestra Constitución Política, así como los tratados internacionales", precisó Eduardo Arana, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
Por último, el grupo de trabajo indicó que evaluará la implementación de la Convención por parte del Perú en diciembre del 2026.