10/07/2019 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
Por: Josselyn Revilla
Pasaron cuatro años y tres juicios para que Adriano Pozo, expareja y agresor de Arlette Contreras, fuera sentenciado a 11 años de prisión tras ser hallado culpable de tentativa de feminicidio. Ese calvario refleja la crítica situación del sistema de justicia, donde la totalidad de los acusados por ese delito en 2019 no tienen sentencia y el 46% están libres.
Así lo reveló el último boletín publicado por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De los 172 casos registrados por tentativa de feminicidio, entre enero y mayo del presente año, el 44% (75) de los presuntos agresores estaban detenidos sin sentencia, el 31% (54) libres en investigación y el 15% (25) prófugos.
Feminicidias
Una situación similar ocurre con los 76 sospechosos por feminicidio. La Defensoría del Pueblo informó que 26 personas están en prisión, tres tienen comparecencia restringida, tres purgan pena por otro delito -violación sexual-, 16 permanecen detenidos y 18 no habidos. Además, en 8 no se identificó al responsable y otros tres cometieron suicidio.
“Esto nos demuestra que el sistema va a pasos muy lentos. No hay oportunidad; no hay celeridad. Entonces, ¿qué pasa? Los agresores ven que el sistema no protege a las mujeres y las sanciones no son efectivas”, comentó adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, en una entrevista a diario Exitosa.
Mal precedente
Sostuvo que esa realidad provoca una mayor prevalencia criminal, así como la percepción de impunidad. Por todo lo anterior, recalcó que el mensaje de los operadores de justicia debe estar orientado a reforzar la institucionalidad, emitir sanciones severas en casos de violencia de género y políticas preventivas.
Acorde a esa línea, la Defensoría del Pueblo expresó ayer su rechazo a la sentencia contra Adriano Pozo. En un comunicado, señalaron que la Corte Superior de Justicia de Lima Norte no valoró las pruebas presentadas en la acusación fiscal como corresponde y optaron por absolver a Pozo del delito de violación en grado de tentativa.
Desalentar a las víctimas
En julio de 2015, Arelette fue golpeada y arrastrada por su entonces pareja en un hotel de Ayacucho, imágenes que dieron la vuelta al mundo. Revollar criticó, además, que el Poder Judicial utilizara como atenuante para bajar la pena que el sujeto se encontrara en estado de ebriedad y redujeran 500 mil a 20 mil el pago por la reparación civil.
Pero lo principal es que dieron una lectura anticipada de la sentencia, en el amparo al Artículo N°396 del Código Procesal Penal, pero no dictaron limitativas. “La lectura integral será el 18 de julio. Entonces en diez días la sala se va a dedicar a redactar el fallo, días en que Adriano Pozo va a poder decidir si elude o no a la justicia”, finalizó.
Podría desalentar denuncias
La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, alertó que la sentencia contra Adriano Pozo puede resultar como un mal precedente. “Necesitamos una institucionalidad firme, porque el caso Arlette Contreras puede desalentar a las víctimas de tentativa de violación sexual o feminicidio en grado de tentativa a denunciar”, alertó. Del mismo modo, cuestionó que el Poder Judicial considerara que el ataque que sufrió la joven no afectó su proyecto de vida. Eso cuando tuvo que luchar durante cuatro años para obtener la justicia que tanto merecía.
Policía no tramitó orden de captura
La Corte Superior de Justicia de Lima Norte informó ayer que el Juzgado Penal Colegiado Permanente dispuso la orden de captura de Adriano Pozo. Sin embargo, la comunicación no fue recibida por la oficina de la policía judicial de Lima Norte porque el personal indicó que solo recibían esos documentos dentro del horario administrativo (hasta las 5 p.m.).
Ocurrió después de la sentencia de 11 años de prisión que recibió el agresor de Arlette Contreras por el delito de tentativa de feminicidio. Ante la negativa, levantaron un acta que fue remitida a la Fiscalía de turno y la Inspectoría de la Policía Nacional "para que procedan con arreglos a sus atribuciones respecto a la negativa del personal policial", apuntaron.
La Policía Nacional aclaró que no tienen horario administrativo para la recepción de mandados judiciales y el servicio es de 24 horas ininterrumpidas. “Se ha procedido a relevar de inmediato al oficial superior jefe de la Policía Judicial Lima Norte y la Inspectoría General de PNP realiza las correspondiente investigación administrativa”, precisaron.
