Crisis social y política
14/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/02/2023
El Gobierno prorrogó el estado de emergencia por 30 días calendario, a partir del 14 de febrero, declarado en el departamento de Lima, en la Provincia Constitucional del Callao y en las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, corredor vial sur Apurímac-Cusco-Arequipa y corredor vial Interoceánica Sur.
La Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, precisa el Decreto Supremo 022-2023-PCM, publicado el lunes en la edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Durante la prórroga se aplicará lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución Política, en lo referido a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio (excepto en las carreteras de la Red Vial Nacional antes mencionadas), libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política.
La intervención de la PNP y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y en el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2020-DE.
Informe de acciones y resultados
Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia prorrogado, la Policía Nacional deberá presentar al titular del Ministerio del Interior un informe detallado de las acciones ejecutadas durante la vigencia de la medida y los resultados obtenidos.
La implementación de las acciones previstas en el decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Cabe precisar que el decreto supremo lleva la rúbrica de la presidenta Dina Boluarte, del jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y los titulares del Interior (Vicente Romero), de Defensa (Jorge Chávez) y de Justicia y Derechos Humanos (José Tello)
