03/03/2020 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El Ministerio Público presentó un requerimiento de acusación por el delito de peculado doloso contra la ministra de la Producción, Rocío Barrios, por presuntamente haberse adueñado de dinero del Estado, cuando se desempeñaba como directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el 2014, por lo que solicita 9 años y 3 meses de cárcel.
Según la Fiscalía, la actual ministra es responsable por “haberse apropiado de dinero del Estado, habiendo simulado haber contratado entre los meses de julio y diciembre de 2014 presuntos servicios de mantenimiento correctivo para 40 vehículos pertenecientes a la Presidencia del Consejo de Ministros por un monto de 177, 279 soles”.
El requerimiento fiscal incluye a los trabajadores de la Presidencia del Consejo de Ministros que laboraron junto a Barrios, identificados como Ángel Portugal, Carlos Enrique Escalante, Ángel Cornejo y Carmen Ruth Ibárcena.
Además, se imputa a Anthony Elías Torres, en su condición de representante de las empresas Casa Importadora Andrea SAC, Grupo Torres y Torres Luna, como cómplice del delito de peculado doloso.
Los investigados de la PCM reconocieron ante la Fiscalía la deuda a las empresas Casa Importadora Andrea SAC y al Grupo Torres y Torres Luna SAC, sin que existan las respectivas órdenes de servicio ni las constancias de conformidad.
“Los aludidos servidores y funcionarios de la PCM reconocieron la referida deuda sin que existan las respectivas órdenes de servicio ni las constancias de conformidad, ni evidencias de haberse realizado el servicio, teniéndose que por la prestación del supuesto servicio a la empresa Casa Importadora Andrea SAC se le reconoció la deuda hasta por 110,128.63 soles, mientras que al Grupo Torres y Torres Luna SAC se le reconoció la deuda por 67,155.67 soles”, describe el documento.
En el documento, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios considera que si bien la ministra Barrios no tiene antecedentes penales, se debe considerar que hay una pluralidad de agentes que intervinieron en el supuesto delito. Con este atenuante y agravante, respectivamente, solicitan en total 9 años y 3 meses de prisión efectiva.
Además, se indica que los referidos funcionarios admitieron que el servicio se dio “sin que hubiera el requerimiento exigido por ley, ni las constataciones de conformidad, ni evidencias de haberse realizado”.
El requerimiento fue presentado ante el Poder Judicial el pasado 31 de enero.
