“En la Línea 2 del tren eléctrico se alista un faenón de la corrupción”

¡Cuidado! Un nuevo faenón ya se perfila en la Línea 2 del Metro de Lima que debe unir Ate con el Callao. La segunda línea del Tren Eléctrico, que entre bombos y platillos fue anunciada por el expresidente Ollanta Humala como una megaobra que elevaría el nivel de vida de los peruanos, se ha visto envuelta en supuestos actos de corrupción. El ex contralor general de la República, Edgar Alarcón, reveló que el proyecto, que debería entregarse en el año 2019, ha sido modificado a través de “adendas”, y recién se hará realidad en el 2022, claro si cumplen los plazos. Para el extitular de la Contraloría, esta irregularidad hace pensar “en un futuro faenón de la corrupción”.

En diálogo con diario Exitosa, subrayó que la inversión inicial alcanzaba los USD 5,658 millones, sin embargo experimentará un considerable reajuste “que seguramente se elevará hasta bordear los 7 mil millones de dólares”, precisó en referencia a los sobrecostos que representa la ampliación del plazo de entrega del importante proyecto que se suscribió en el gobierno nacionalista, entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa Cosapi, en el mes de abril de 2014. Con estas adendas se estaría proyectando pagar unos dos mil millones de dólares adicionales.

Según indicó, esta megaobra comprende la implementación de una línea de tren subterráneo que va desde Ate hasta el Callao, con un total de 25 estaciones. No obstante al periodo transcurrido, a la fecha solo han sido construidas 3 estaciones, y faltan ejecutarse 22 estaciones, que sin duda alguna no estarían listas e implementadas para el próximo año, de acuerdo al cronograma de ejecución establecido. La Línea 2 del tren eléctrico tiene como meta unir 13 distritos de Lima y el Callao.

En opinión del excontralor, esta irregular situación debió ser advertida por la Contraloría General de la República, al tratarse de una inusual ampliación de varios años de la fecha programada como plazo de entrega de la obra a la ciudad. “Esto trae como consecuencia un millonario perjuicio económico para el país, que por ahora no se percibe, toda vez que el Estado utiliza para los desembolsos económicos bonos que tienen una vigencia de endeudamiento de varios años”, aseveró.

Arbitrajes

Para Edgar Alarcón, los retrasos en la obra se registran por la falta de una adecuada planificación que sea previa a la etapa de ejecución, con la finalidad de evitar las interferencias, es decir, encontrar líneas de agua y desagüe subterráneas, terrenos que no han sido expropiados y que finalmente generan demoras. “Todo esto debió verse antes de la firma del convenio, pero se hacen obras políticas para ganarse el aplauso de la gente”, añadió.

Pero aún hay más. La empresa concesionaria demandó al Estado peruano por USD 310 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por no entregar el área de concesión en los plazos y condiciones establecidos y por “la falta de aprobación y aprobación tardía de los Estudios de Ingeniería de Detalle”.

El concesionario sostiene que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incumplió en la entrega del terreno y los estudios de ingeniería, por lo que pide una indemnización de USD 30 millones y “daños contingentes potenciales” por el orden de USD 280 millones.

“SON LOS MISMOS DE SIEMPRE”

Para Edgar Alarcón, las autoridades correspondientes deberían realizar una exhaustiva investigación para determinar por qué hay un determinado grupo de funcionarios que siempre permanecen en puestos estratégicos en las entidades del Estado. “Son los mismos de siempre en Ositran, Proinversión, Cofide y el MTC. Hay que averiguar por qué”, señaló a diario Exitosa.