29/12/2018 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
Josselyn Revilla
Cada cuatro años los peruanos elijen a sus alcaldes con el firme anhelo de que la gestión represente desarrollo, limpieza y seguridad para su jurisdicción. La esperanza se convierte en decepción cuando descubren que estas autoridades fueron detenidas por actos de corrupción. En un reflejo de esa penosa realidad, en lo que va del año, seis burgomaestres pasaron a esa condición, solo en Lima.
Capturas y prófugos
La primera intervención ocurrió la madrugada del 31 de enero, cuando la Policía capturó, en un megaoperativo, al alcalde del distrito de Santa Rosa, Carlos Arce Arias, acusado de ser el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos y sicariato.
Jorge Luis Barthelmess, burgomaestre de San Bartolo, también pasó a calidad de detenido ese día, por la venta de lotes intangibles en 2012. La suspendida autoridad cumplió un mandato de prisión preventiva; sin embargo, en marzo salió en libertad y desde entonces está como no habido. Tiene una condena de 7 años por falsedad ideológica y negociación incompatible.
Mafia en La Victoria
Una de las capturas más sonadas en el año que ya nos deja fue definitivamente la del alcalde de La Victoria, Elías Cuba, sindicado como presunto el líder de 'Los Intocables Ediles'. Se trata de una mafia implicada en el cobro de cupos, extorsiones y 'venta' de calles en el emporio comercial de Gamarra. Junto a él, detuvieron su hijo, Eliseo. A la fecha ambos cumplen un mandato de 26 meses de prisión preventiva.
Completan la 'celebre' lista de los caídos, los alcaldes de Punta Negra, Willington Ojeda; de Ricardo Palma (Huarochirí), Ismael Fernández Cavero; y de Lunahuaná, Félix Vicente Villalobos.
Casi una veintena o más
Diario Exitosa contabilizó 17 autoridades detenidas en el Perú, entre ellas dos que recién habían sido elegidas como tales: María Chapilliquén, la alcaldesa electa del distrito de Lobitos, en Talara (Piura); y Willy Serrato, electo alcalde de Olmos (Lambayeque). No obstante, para la fiscal superior coordinadora de las fiscalías anticorrupción, Lourdes Téllez Pérez, la cifra sería superior.
Explicó que a diferencia de la capital, donde las denuncias de corrupción comprenden a varias entidades estatales, en el interior apuntan, sobre todo, a las municipalidades y gobiernos regionales. “Donde hay más canon está el mayor el problema”, observó. Así, por ejemplo, reveló que en la provincia de La Convención (Cusco) se concentra el 90% de los procesos.
El 30% como red criminal
La fiscal Téllez Pérez reveló que en el 30% de los casos de corrupción en estas instituciones, el Ministerio Público detectó la presencia de organizaciones criminales. Según precisaron, esto obedece a que los funcionarios coordinaban con otros (municipios con gobiernos regionales) para los ilícitos. Además, buscaban perpetuarse en el poder para tapar sus irregularidades.
“Ahora que estamos en cambio de gestión, aprovechan para desparecer los documentos que los comprometen”, comentó. Debido al alcance que tienen, dijo que este tipo de diligencias son más complejas, con más involucrados y delitos imputados. “Los delitos más frecuentes que encontramos son colusión, cohecho y peculado”, finalizó.
Cabe indicar que los actos de corrupción contemplan desde proyectos con inversiones 'infladas', simulación de obras, trabajos abandonados, entre otros.
MÁS DE 13 MIL DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN
El Ministerio Público reveló que desde el 1 de enero al 11 de diciembre recibieron un total de 13,138 denuncias por actos de corrupción, de las cuales un total de 1,109 son de Lima. En este marco, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios consiguieron un total de 865 sentencias condenatorias contra diversos funcionarios públicos de todo el país. “Solo en este año, el 40% de las investigaciones han sido resueltas y el 60% continúan en investigación”, anotó la fiscal Lourdes Téllez, coordinadora de las fiscalías anticorrupción.
POLICÍAS, MINISTERIOS, PODER JUDICIAL Y OTROS
Además de las denuncias contra funcionarios de municipios y gobiernos regionales, las denuncias registradas en el año por actos de corrupción involucran a policías (coimas), ministerios (cobros para agilizar trámites), instituciones educativas (cobros indebidos) y el Poder Judicial. En este último caso se trata de asistentes del juez o técnicos que acuerdan un pago con la personas para obtener un fallo favorable o facilitar un trámite burocrático.
