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28/05/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/05/2024
El Segundo Encuentro de Defensores y Defensoras Indígenas congregó a más de 50 representantes indígenas de las bases de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y buscó posicionar las medidas de autoprotección como respuesta desde los pueblos indígenas frente a las amenazas y asesinatos de líderes indígenas.
Durante la primera parte del evento, los representantes de las nueve bases regionales de AIDESEP presentaron la situación de sus jurisdicciones, siendo un punto en común la existencia de una situación de zozobra y angustia en los líderes que enfrentan las amenazas por llevar la voz al exigir el respeto a sus derechos ante el incremento de actividades ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras y los delitos asociados que estos generan. Así como la normatividad ambiental permisiva, y la ineficacia del mecanismo para protección de los defensores y defensoras indígenas.
"Para nosotros es importante visibilizar los casos de líderes asesinados. Si no se hacen visibles las cifras, no hay incidencia para que las familias encuentren justicia como pasó con el caso Saweto", señaló el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente y responsable del Programa Defensa de Defensores Indígenas de AIDESEP.
Dirigentes se pronuncian
Por otra parte, los líderes señalaron que el Estado peruano promociona e impulsa proyectos de infraestructura, que no incorporan aspectos sociales ni ambientales de las comunidades nativas, lo que se convierte en otro factor que incrementa los riesgos y vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas y territorios. Se alertó que los proyectos de infraestructura Moyobamba-Yurimaguas, Nueva Italia-Yurúa, Boca Manu-Boca Colorado, Vista Alegre-Mishagua, proyectos de hidrocarburos, forestales, e hidroeléctricos no solo amenazan los territorios de comunidad, sino también los habitados por pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
Guimaraes remarcó el pedido realizado en este y otros espacios de que el Estado asigne una partida presupuestaria específica para implementar mecanismos efectivos para proteger las vidas de los defensores y defensoras indígenas. Además, recordó el caso Saweto como un caso emblemático que ha servido de referente para otros casos judicializados, ya que ha permitido ver el trabajo articulado de la organización indígena en lo referente a la comunicación, la incidencia y el trabajo de las dirigencias.
"El papel no aguanta la bala", esa ha sido una lamentable frase usada por los líderes asistentes al encuentro, ya que manifiestan que las medidas implementadas por el Estado resultan insuficientes. Por ello, proponen impulsar las iniciativas de autoprotección que vienen implementando ante el limitado apoyo que reciben por parte del Estado.
"Nos enfrentamos a fuerzas armadas criminales e incluso a sectas religiosas que promueven la venta de nuestras tierras. Supuestas rondas campesinas de centros poblados vienen hostigando a los pobladores de diversas comunidades nativas", señaló el presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam), Wilfredo Tsamash Cabrera, quien añadió que un papel no va a detener las balas en relación a los mecanismos estatales insuficientes.
Situación de las comunidades indígenas
Otro de los factores que contribuye al incremento de la ilegalidad es la incapacidad estatal para facilitar la titulación y demarcación de las comunidades que conforman parte de la deuda pendiente que tiene el Estado con las comunidades indígenas.
Es necesario mencionar que esta situación en la que se encuentran los pueblos indígenas amazónicos se desarrolla en un contexto político adverso para el reconocimiento de sus derechos colectivos, pues el Congreso viene impulsando normas que vulneran sus derechos flexibilizando medidas vinculadas a los recursos naturales y uso de la tierra, promoviendo la ocupación desordenada y facilitan el desarrollo de economías ilegales como la denominada "Ley Antiforestal".
Finalmente, en este punto también es preciso mencionar que a la fecha, el Congreso de la República aún no pone en agenda la implementación de la consulta previa legislativa para someter bajo el proceso de consulta previa los proyectos de ley que afectan el desarrollo de las comunidades nativas, de acuerdo a la sentencia del poder judicial que obliga al Congreso a cumplir con el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por el Perú y vigente desde 1995.
