26/01/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales (ASFEM), José Luis Colona, se mostró en contra de un eventual cambio del hospital Víctor Larco Herrera en un centro de investigación.
Según detalló Colona, el terreno del Hospital Larco Herrera pertenece a la Sociedad de Beneficencia de Lima. Señaló que esta parte inició dos procesos judiciales contra el hospital y el Ministerio de Salud (Minsa) por indemnización y desalojo.
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"La Beneficencia de Lima está desalojando al Larco Herrera, ya ganó el juicio, solo falta la sentencia. Está pidiendo que se le devuelvan los terrenos", aseguró en entrevista para Exitosa.
Cabe precisar que, según "Hildebrandt en sus trece", la Beneficencia de Lima recurrió al Poder Judicial para exigir una indemnización de S/.793 millones. Para Colona, esta medida busca que el espacio se convierta en un centro de investigación.
"Son 23 hectáreas de terreno. La directora estaría haciendo un trámite para que el Larco Herrera desaparezca y se convierta en un centro de investigación", denunció.
Sobre Ley N° 30947
En otro momento, el presidente de la ASFEM se mostró en contra del traslado de las personas de hospitalización prolongada en estado de abandono a hogares protegidos, regulado por la Ley N° 30947.
Colona consideró que estos pacientes necesitan de espacios especiales para sus terapias, que incluyan jardines y ambientes amplios.
"La ley dice que los pacientes sin familia, que son la mayoría, vayan a hospitales generales. Los hospitales generales ya colapsaron y en época de covid19, peor todavía. Además, hay que hacer hincapié que los pacientes necesitan de un ambiente grande y jardines, es parte de la terapia", explicó.
El presidente de las ASFEM también mencionó que el nuevo modelo comunitario para la salud mental establece la participación activa de las familias y comunidades donde viven los pacientes por lo que ya no habrá servicios de internamiento en los nosocomios psiquiátricos.
"Consideramos que esta ley es inconstitucional porque jamás nos han tomado en cuenta. Venimos peleando desde el 2015, hemos enviado cartas a los presidentes, congresistas, ministros, a la Defensoría del Pueblo y nadie nos hace caso", lamentó.
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