04/07/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
Este lunes, la Defensoría del Pueblo se manifestó acerca del caso de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, quien habría ofrecido una obra de saneamiento en el distrito de San Miguel, en la provincia de Chota (Cajamarca).
A través de sus redes sociales, pidió a la Fiscalía investigar la vinculación de la hermana de la primera dama con la empresa proveedora del Estado, con el fin de determinar si incurrió en el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado.
"Se considera necesario investigar los vínculos contractuales o laborales entre Yenifer Paredes y la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S. A. C., así como la relación amical con su representante, y si existe alguna conexión entre los mismos y la adjudicación de obras públicas a la referida empresa. A ello debe sumarse, la información sobre las visitas realizadas por el representante de la constructora a Palacio de Gobierno y su relación con la adjudicación de contratos públicos para sí mismo y para sus empresas vinculadas", se lee en el comunicado de la institución.
Cabe señalar que, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo del fiscal Jony Peña abrió una investigación preliminar en contra Jennifer Paredes tras la difusión de una grabación en donde aparece junto a Jhony Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C., en una reunión donde se conversaba acerca de una obra de saneamiento.
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Además, la Defensoría se refirió acerca de la construcción de un helipuerto informal que habría sido dispuesto por el presidente Castillo para visitar a sus familiares en Tacabamba, Cajamarca. En ese sentido, pidió al Ministerio de Defensa informar acerca de las prerrogativas presidenciales para el uso de helicópteros militares.
"En el supuesto de que el helipuerto no cumpla con las normas técnicas correspondientes se estaría poniendo en riesgo la vida de la tripulación y del propio presidente, además de poner en riesgo patrimonio estatal valorizado en decenas de millones de dólares", manifestó la institución.
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