Defensoría del Pueblo pide transferencia financiera directa a núcleos ejecutores para Wasi Mikuna
La Defensoría del Pueblo ha presentado los resultados de la supervisión al programa nacional Wasi Mikuna (ex Qali Warma), en el marco de una investigación sumaria, luego de las denuncias sobre irregularidades en el procesamiento de alimentos y de actos de presunta corrupción al interior de dicho programa. El informe concluye que existe una vulneración latente del derecho a una alimentación adecuada de los estudiantes de las escuelas públicas beneficiarias de dicho programa, y en ese marco a su salud, por lo cual se hace necesario un cambio en la gestión de las contrataciones y transferencias de recursos con un modelo de Núcleo Ejecutor.
En el modelo de Núcleo Ejecutor prima prioritariamente la participación ciudadana, fomentando en la comunidad local un empoderamiento comunitario de responsabilidad orgánica y una mayor eficiencia y transparencia en la utilización de los recursos y en los sistemas de rendición de cuentas y control social, asegurando una reducción de los costos operativos y el fomento de una economía local en la mejora de la calidad y nutrición de alimentos en función a las necesidades y costumbres alimenticias de los estudiantes.
Para la Defensoría del Pueblo, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria sigue un modelo de gestión que ha fracasado no solo por la ineficiencia en su manejo sino, sobre todo, por los graves actos de corrupción que se han revelado en contra de las personas más vulnerables del país. El caso más cercano es sin duda, el ex programa Qali Warma, cuyas falencias y riesgos en el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos y en sus procesos de control en las contrataciones y transferencias de recursos, confirman este fracaso.
En la investigación sumaria realizada por el ente defensorial se han advertido deficiencias de control interno en los procesos de los alimentos en conservas de productos de origen animal, igualmente, se evidenció una fragilidad en los procesos de supervisión, sobre todo, cuando se trata de evaluaciones de características físicas y organolépticas de los alimentos industrializados o de procesamiento primario de la modalidad de atención.
Las irregularidades detectadas en el proceso de liberación de conservas que no contenían carne de res, como declaraban, sino un alto porcentaje de carne de equino, ha evidenciado la presencia de actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar con un perjuicio económico al Estado de más de S/24.5 millones de soles.
Otro de los hallazgos es la deficiencia de las normas técnicas que regulen el control de todo el proceso del servicio alimentario escolar, dejando el modelo de cogestión del Programa a la práctica de los funcionarios, que han gestionado prácticas cuestionables, lo que implica que pueden derivar en inconductas funcionales y posteriormente en actos de corrupción.
En este contexto, es imperativo que entidades como la Contraloría General de la República, las Fiscalías de prevención del delito y las Procuradurías públicas deban garantizar acciones de control correspondiente, operativo de control en términos preventivos y asegurar respuestas inmediatas ante actos ilícitos, de acuerdo a cada una de sus competencias.
Por su parte, el Ministerio de Salud debe revisar los procesos que realiza la DIGESA y establecer procedimientos de reingeniería para hacer más rigoroso y transparente sus procesos de autorización de registro sanitario de los alimentos destinados al consumo humano, elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera dentro de su competencia.
En el marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo se encuentra la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo cual se realizará el seguimiento correspondiente a lo recomendado respecto a los hallazgos de la investigación sumaria realizada al programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma).