Defensoría del Pueblo invoca a la ciudadanía y autoridades a la no violencia en las movilizaciones públicas

La Defensoría del Pueblo se dirigió a la ciudadanía y a las autoridades para invocar a que no se realicen actos de violencia durante las movilizaciones públicas que se reanudaron hoy, miércoles 4 de enero, en varias provincias del país.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter, la entidad resalta que la protesta social es un derecho fundamental que le permite a las personas expresarse libremente en los espacios públicos, pero que "la condición indispensable para que esta sea legítima es que se haga mediante medios pacíficos".

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Agregado a ello, señala que "nunca debieron ocurrir" los fallecimientos registrados durante las últimas protestas, por lo que requiere que la ciudadanía sea consciente de los límites del derecho a protestar; así como también, que las fuerzas del orden actúen dentro del marco de lo legal.

"En las últimas semanas 22 personas perdieron la vida en protestas inicialmente pacíficas y que se convirtieron enseguida en violentas. Estas muertes, así como las de otras seis personas que fallecieron en accidentes de tránsito o tratando de llegar a centros de salud cuando las vías estaban bloqueadas, nunca debieron ocurrir. Se requiere, por tanto, que la ciudadanía sea consciente de los límites del derecho a la protesta, como también lo deben ser las fuerzas del orden sobre el uso legal, necesario y proporcional de la fuerza", precisa el pronunciamiento.

En ese sentido, indica que los convocantes y participantes de las marchas deben velar porque la manifestación sea pacífica, "aislando y denunciando a los sujetos violentos". Mientras que, por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) debe ser "exigente en el cumplimiento de la ley y de sus manuales sobre restablecimiento del orden público, y asumir esta tarea de manera exclusiva".

De igual manera, la Defensoría recordó que el 14 de diciembre del 2022 se decretó el estado de emergencia a nivel nacional y afirmó que "en ningún caso estas restricciones suponen una desprotección de las personas frente a los actos arbitrarios y abusivos".

Finalmente, asegura que no le corresponde "resolver este conflicto" a los efectivos policiales, ni a las Fuerzas Armadas. Tras ello, manifiesta que el Gobierno central y el Congreso de la República tienen el deber de encontrar "una salida de amplio consenso que le devuelva la tranquilidad y la paz al país".

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