Defensoría del Pueblo exige a MML fiscalización y sanción a peajes que generen congestión vehicular
Ante la alta congestión vehicular que se viene generando en los peajes en Lima debido a la demora excesiva en el cobro por dicho servicio, la Defensoría del Pueblo exige a la Municipalidad de Lima, que a través del Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet, supervise y penalice el incumplimiento de los tiempos máximos de espera en cola y el tiempo de espera en cola por pista que se generan en las concesiones Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima, respectivamente.
Responsables y sanciones
En cuanto a la Línea Amarilla, es obligación de la empresa concesionaria, Lima Expresa S.A.C., mantener durante toda la etapa de explotación el tiempo máximo de espera en cola inferior a cinco minutos por vehículo, inclusive en las horas de mayor demanda. El incumplimiento conlleva a la aplicación de penalidades por 200 dólares.
Con respecto al proyecto Vías Nuevas de Lima, es obligación que el concesionario Rutas de Lima S.A.C., cumpla el tiempo de espera en cola por pista, que se mide desde el momento en que el vehículo ingresa a la cola (cuando está a menos de 2 metros del próximo vehículo) hasta el momento en que se levanta la barrera de la cabina, que no debe superar los cinco minutos.
Supervisión y mejores
Por tal motivo, y considerando que las concesionarias están obligadas a mantener el índice se serviciabilidad durante toda la etapa de explotación y garantizar el debido tránsito de acuerdo a los parámetros suscritos, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a Invermet toda la información referida a los tiempos de espera de los vehículos en los estacionamientos de peaje, como las actividades y metodología de supervisión, número de supervisiones realizadas, resultados y penalidades impuestas.
Asimismo, debe considerarse que existen medios para solucionar la congestión registrada tales como: el empleo de sistemas electrónicos de pago como alternativa al cobro en casetas; que la concesionaria modernice, según contrato, la tecnología del cobro de tarifas, la cual debe ser cubierto con la recaudación del peaje y no mediante recargos extras al usuario.
La Defensoría del Pueblo solicita a su vez al Ministerio Público advertir esta situación que estaría vulnerando el derecho al libre tránsito de la ciudadanía y el principio de legalidad, al incumplirse los tiempos de espera de los vehículos en los peajes conforme las obligaciones suscritas en los contratos de concesión.
Finalmente, en su línea de trabajo en defensa de los derechos fundamentales de las personas, la Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante al cumplimiento de estas recomendaciones.