Defensoría pide a municipios del Callao publicar órdenes de compra de canastas de víveres
La oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao comunicó que las municipalidades del primer puerto han divulgado información sobre el costo de los productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar.
Sin embargo, ninguna de las siete municipalidades ha publicado todavía información sobre las órdenes de compra y de servicio que efectuaron para la adquisición de las canastas, de acuerdo a lo recomendado por la Contraloría General de la República.
Este hecho fue conocido en la supervisión defensorial que se realizó a los portales institucionales de los gobiernos locales del Callao.
De acuerdo a la normativa dispuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), una vez definidos los productos de la Canasta Básica Familiar, la entidad estatal debe publicar su composición en un espacio visible, en el portal web institucional y en las redes sociales que emplea como medio de comunicación, describiendo los precios referenciales de cada producto, señaló la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao, Delcy Heredia.
Durante la supervisión defensorial, se verificó que la Municipalidad Provincial del Callao informó en su página web que la canasta tiene un costo de S/ 77.36, la Municipalidad de Carmen de La Legua Reynoso comunicó un costo de S/ 77.89, las comunas de Ventanilla, La Perla, Bellavista y Mi Perú reportaron un costo de S/ 80, mientras que el distrito de La Punta reportó un costo de S/ 100.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao subrayó que está aún pendiente que las siete municipalidades del puerto cumplan con la recomendación de la Contraloría General de la República de publicar en sus portales institucionales las órdenes de compra y de servicio para la adquisición de las canastas.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao hace un llamado a los gobiernos locales a ejecutar el proceso de adquisición y distribución de la Canasta Básica Familiar con plena observancia de las disposiciones emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y la Contraloría General de la República.