Defensoría: Contrato de concesión entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima "es lesivo y vulnera derechos"
La Defensoría del Pueblo determinó que el contrato de concesión entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Rutas de Lima S. A. C. es "lesivo y vulnera los derechos". El organismo compartió esta postura tras investigar a profundidad el convenio.
Investigación
El organismo puntualizó que existen afectaciones en la "inclusión ilegal" de una nueva unidad de peaje en la carretera Panamericana Norte, conocida como el 'nuevo peaje Chillón', sentido Lima-Norte; así como en el "pacto de redondeo" de la tarifa de peaje, en perjuicio de los usuarios capitalinos.
Sobre el primer caso, la Defensoría recordó que en el 2017 existieron manifestaciones en la zona que cesaron con la suspensión de la nueva unidad del peaje Chillón. Esto generó una deuda superior a los 216 millones de soles en la MML, que irá incrementándose hasta el 2046, cuando culmina la concesión, y repercute en el actual presupuesto de la alcaldía.
En esa línea, la entidad dijo que constató el "redondeo" de tarifas, acordados ilegalmente bajo contrato, que favorece a Rutas de Lima con la obtención de una suma excedente de más de 7 millones de soles, que damnifica el derecho de propiedad y transgrede el principio de defensa de los consumidores y el equilibrio entre los intereses de esta empresa con los de la ciudadanía.
Al respecto, la Defensoría recordó que estas "vulneraciones" se encuentran prohibidas en la Constitución Política del Perú, en su artículo 65, y el Código de Protección al Consumidor, en su artículo 44.
Recomendaciones
Frente a los resultados obtenidos, la institución recomendó al "Congreso modificar el Decreto Legislativo n.° 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante APP y Proyectos en Activos, para que se incorpore en los procesos de elaboración y ejecución de los contratos de concesión, mecanismos de participación ciudadana y de evaluaciones con enfoque de derechos, así como prohibir que cualquier contrato suscrito mediante APP restrinja el ejercicio de atribuciones propias del Estado, especialmente la construcción, mejoramiento, habilitación o rehabilitación de infraestructura pública, tales como vías públicas".
Conclusiones
De esta manera, la Defensoría determinó que ni el contrato ni su ejecución han estado regidos bajo "el bien común, los principios democráticos y los derechos de las personas", por lo que es "vital" encontrar una salida legal para la ruptura entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima.