Defensoría concluye que contrato con Rutas de Lima "se ha desnaturalizado"
La Defensoría del Pueblo realizó un análisis del contrato entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima y señaló que se advirtieron que se efectuaron numerosas modificaciones que terminaron elevando la tarifa del peaje. Así, concluyó que "se ha desnaturalizado" los fines iniciales de la concesión.
"Estas más de 30 modificaciones, mediante actas y una adenda, lo que ha hecho es generar perjuicio. La concepción de este contrato era para que toda la vida sea autosostenible, o sea que el estado no debería pagar un solo sol por el mantenimiento de estas vías y la construcción de lo que faltaba. Ahora estamos cofinanciado como Estado", expresó el titular de la entidad, Josué Gutiérrez.
Análisis de contrato
Gutiérrez mencionó que estos cambios provocaron que el Estado terminara financiando un proyecto que originalmente no iba a demandar ni un sol del erario público. Además, criticó que el 4% de la cobranza anual por peajes nunca pasara a la Municipalidad de Lima, como se había establecido inicialmente. Por lo que, concluyó que los fines que motivaron el contrato con Rutas de Lima, fueron desnaturalizados.
"Se había dicho que el 4% de la cobranza bruta anual debería pasar a la Municipalidad. (...) Entonces de ser autosostenible, hemos pasado a que sea complementado con el pago de parte del Estado y por otro lado se ha hecho prácticamente gratuito. Es decir, los fines que han motivado este contrato han sido desnaturalizados", señaló.
El titular de la Defensoría fue enfático en mencionar que hubo una afectación en el interés público con del contrato. Así, citó el caso del peaje Chillón ubicado en Puente Piedra, donde existe una afectación de derechos que ahora se viene abordando en el Poder judicial y el Tribunal Constitucional.
Este informe de la Defensoría del Pueblo fue presentado ante la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el congresista Wilson Soto, con el fin de que cada parlamentario conozca más a fondo sobre el problema de los peajes.
"Es la importancia de saber cómo el marco constitucional entrega a la Defensoría del Pueblo esa prerrogativa de supervisión de la administración estatal para ejercer la defensa justa. Y el municipio de Lima está en la obligación de cautelar y velar por los peajes, esta concesión que ha terminado en un contrato, en primer lugar, ha terminado subestimada en su valor", agregó.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo concluyó que el contrato con Rutas de Lima "se ha desnaturalizado".