Contraloría sobre caso de Dina Boluarte: "Sí se respetó su derecho a la defensa"

La Contraloría General de la República aclaró este miércoles 25 que sí se respetó derecho a la defensa de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por el informe que emitió en el que se le acusa de presuntamente cometer una infracción constitucional por la firma de documentos como presidenta del consejo directivo del Club Departamental de Apurímac cuando ya ejercía un cargo público.

"Durante el proceso de fiscalización específica realizado a sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y renta y de intereses, sí se respetó su derecho a la defensa requiriéndose los descargos y se le notificó la solicitud de aclaraciones correspondientes en dos oportunidades", comunicó mediante un comunicado.

Asimismo, el órgano de control precisó que durante el proceso de fiscalización a sus declaraciones juradas, se le notificó la solicitud de aclaraciones en dos oportunidades, el 10 de marzo y 20 de abril de este año, respectivamente.

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“Las respuestas a las aclaraciones solicitadas fueron presentadas y suscritas por la funcionaria mediante las cartas de fechas: 21 de marzo y 27 de abril de 2022”, precisó.

De esta manera, la Contraloría aseguró que “comunicó adecuadamente” a Boluarte Zegarra el resultado de la fiscalización a sus declaraciones juradas el pasado 20 de mayo. “De acuerdo a la normativa vigente, las acciones derivadas de la fiscalización de las declaraciones juradas son un acto propio de administración y no un procedimiento de sanción que corresponda a la Contraloría General”, apuntó.

Finalmente, aclaró que actúa "de manera legal y técnica", y en virtud de ello remitirá los resultados de la fiscalización y los hechos advertidos a las entidades que tengan competencia para que los evalúen de acuerdo a sus atribuciones y dispongan las investigaciones y medidas correspondientes.

Más temprano, la titular del Midis indicó que no se le notificó el informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas, elaborado por la Contraloría, y aseguró que, al cumplir con diversas labores en el exterior, el organismo constitucional “aprovechó su ausencia” para enviar dicho documento a las diferentes entidades públicas.

“La Contraloría vulnera así mi derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución. ¿Con qué intención lo hace? ¿La Contraloría ignora lo que es una regularización registral? ¿Promueve la sanción política? ¿Quién incumple con su mandato constitucional?”, cuestionó la funcionaria, quien concluye señalando que el ente contralor debe ser técnico y “jamás político”.

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