Defensoría del Pueblo responde
27/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/12/2024
Frente al comunicado de la empresa Lima Expresa, en el que se señala que la Defensoría del Pueblo habría difundido información errónea, la institución precisa que el Anexo I del contrato de la concesión de Línea Amarilla obliga a Lima Expresa a mantener un tiempo de atención a los usuarios inferior a cinco minutos por vehículo, inclusive en las horas de mayor demanda por no más de 80 % de un día de operación, en los peajes que forman parte de la vía concesionada. El incumplimiento, de acuerdo con el Anexo XIII del mismo contrato, conlleva la aplicación de penalidades por doscientos dólares americanos cada vez que se incumpla con dicho parámetro.
Al respecto, hace cuatro años, mediante el informe "Empresas, debida diligencia y derechos humanos: el caso de Línea Amarilla", la Defensoría del Pueblo abordó el problema del tiempo de espera en cola y la necesidad de mejorar los medios de cobranza del peaje.
En efecto, como se señaló en el documento defensorial, la cobranza de la tarifa del peaje, a través del empleo de medios tecnológicos, es una alternativa que puede contribuir a la mejora de los tiempos de espera y a evitar la congestión, pero su implementación no puede significar la imposición de recargos a los usuarios que no tienen la obligación de pagar conceptos diferentes ni adicionales a la tarifa de peaje.
Defensoría del Pueblo exige fiscalización a MML
Es por estas razones que la Defensoría del Pueblo reitera el pedido a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que revise el contrato de concesión con Lima Expresa, con la finalidad de establecer montos de penalidades más drásticos dirigidos a evitar conductas sancionables de la empresa. Asimismo, que se estipule que la empresa concesionaria asuma los costos del peaje electrónico como parte de sus gastos operativos y no sean trasladados a los usuarios que opten por este medio de pago.
Por su naturaleza, los peajes no pueden ser focos de congestión vehicular, pues no solo generan pérdidas de horas hombre sino también alteran la economía del país. Recordemos que el Banco Central de Reserva (BCR), estimo que el tráfico le costó a cada limeño casi S/4,000 en el 2023 y considerando la población que trabaja en la capital, el costo de estas pérdidas asciende a S/20,000 millones.
Por ello, debido a la gran afluencia de vehículos en las vías concesionadas de Lima, evidenciada el último fin de semana y que se espera tener durante los días que se avecinan, con motivo de las fiestas de fin de año, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de que el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) cumpla diligentemente su labor como ente supervisor de la concesión, a fin de hacer cumplir el contrato de concesión a cabalidad, especialmente los tiempos de espera en cola, cuya inobservancia genera no solamente malestar entre los usuarios y congestión vehicular, sino además pérdida de valioso tiempo, mayor consumo de combustible y contaminación ambiental.
