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Cae en Arequipa exfuncionario del GRP que tenía 5 requisitorias

Exjefe de la Oficina de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de Puno es acusado de pagar a trabajadores 'fantasmas'
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01-10-2021

Desde el 9 de enero del 2015, el exjefe de la Oficina de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de Puno, Néstor Aroapaza Aguilar, se encontraba prófugo de la justicia luego de que un juez ordenó su prisión preventiva mientras se le investigaba por colusión agravada y peculado. Pasaron más de 5 años y recién la tarde del último miércoles fue capturado en Arequipa.

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La detención del exfuncionario ocurrió durante un operativo de control de identidad que ejecutó la policía de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.

Cuando los agentes filtraron los datos del detenido en el Sistema de Información Policial, verificaron que tenía 5 requisitorias vigentes.

Cuatro de las órdenes de captura fueron emitidas por el juzgado penal de Puno, de las cuales tres fueron por el delito de peculado y uno por colusión agravada.

Por este último ilícito, un juez dictó en su contra prisión preventiva en el 2015 y desde entonces permaneció en la clandestinidad.

Sin embargo, aún prófugo continuó cometiendo delitos, pues en julio de este año fue sindicado como el autor de un accidente de tránsito con fallecidos.

El juez del segundo juzgado de Cerro Colorado emitió otra orden de captura el 8 de julio del presente año por homicidio culposo.

Con todos esos antecedentes, el exfuncionario y hombre de confianza del expresidente regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán, fue trasladado en calidad de detenido a la sede de requisitorias de Arequipa. En las próximas horas sería trasladado a Puno para que sea juzgado.

Antecedentes

Néstor Aroapaza Aguilar es investigado por delitos relacionados con el pago de planillas por labores no realizadas (trabajadores fantasmas) ocasionando un perjuicio económico de 377 mil 851 soles a la entidad regional.

Este dinero benefició a exfuncionarios y exservidores públicos de la gestión de Fuentes, así como a otras 39 personas que simularon prestar servicios a la entidad en la formulación de estudios de inversión.

Según la Fiscalía, el exfuncionario utilizó identidades de sus amigos y familiares para ejecutar los cobros; es decir, hubo falsificación de documentos, abuso de autoridad en perjuicio del Estado.

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