06/12/2018 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
En medio de las protestas de las bancadas de oposición, el Congreso de la República aprobó por mayoría un proyecto que propone incorporar el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos, pero con penas menores. La disposición respaldada por fujimoristas y apristas, reduce las penas a los investigados por financiamiento ilegal de organizaciones políticas.
Legisladores opuestos a la medida dijeron que la norma tenía como único objetivo beneficiar a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y al expresidente Alan García. Pero, además, a su entender, el proyecto de ley impediría que se investigue como organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos a las organizaciones políticas.
La norma propone para este delito una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años y, para los casos agravados, el castigo es no menor de seis ni mayor de 13 años. La norma fue sustentada por la fujimorista Rosa Bartra.
El dictamen apoyado por el Pleno fue aprobado por 66 votos a favor, 30 en contra y seis abstenciones, que finalmente fue exonerado de segunda votación como demandaban los grupos de oposición.
Los congresistas de oposición señalaron que la norma fue creada para favorecer a los investigados por el caso de Lava Jato. En medio del caldeado debate, el izquierdista Humberto Morales exigió que el proyecto de ley regrese a la Comisión de Justicia, demanda que fue rechazada por la mayoría.
El congresista Gino Costa sostuvo que con tal disposición fujimoristas y apristas buscan socavar la lucha contra la corrupción, porque “esta ley, aprobada al caballazo, tiene nombre propio y directamente favorece a Keiko Fujimori y a Alan García. Con esta ley van a salvarse y aminorar sus penas”, dijo.
En otro punto de sus declaraciones, Costa señaló que el Congreso ´viene siendo utilizado por la corrupción y esto obliga a plantear su cierre.
En tanto, los legisladores Marisa Glave y Yonhy Lescano indicaron que con esta norma las bancadas fujimorista y aprista buscan beneficiar a los corruptos.
Por su parte Marisa Glave señaló que “esto es un dictamen que para nosotros infringe principios fundamentales, como el principio de legalidad, no queda claro cuál es la función que está prohibida. Se requiere modificar una ley que hoy sanciona la figura del lavado de activos por el que está siendo investigada la señora Fujimori”.
La parlamentaria izquierdista escribió en sus redes sociales que el fujimorismo una vez más ha contrabandeado temas “y aprovecha la demanda ciudadana por la lucha anticorrupción y aprueba norma que favorece a Keiko y a todos los implicados en actos por lavado de activos”.
Con permiso de la ONPE
Para Marisa Glave, "un fiscal puede comandar un proceso de investigación desde el inicio, pero la norma aprobada señala que no se puede dar inicio de investigación, si no hay un informe de ONPE".
