15/11/2021 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
La Fiscalía Anticorrupción reveló días atrás algunos detalles respecto al movimiento migratorio y poder adquisitivo del gobernador regional Elmer Cáceres Llica que podrían perjudicarlo en el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra como líder de la presunta organización criminal denominada 'Los Hijos del Cóndor'.
El fiscal Arturo Valencia Paiva señaló que, hasta antes del 2014 Cáceres Llica realizó una serie de viajes al extranjero según la revisión de su movimiento migratorio.
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Esto podría significar que, en caso de afrontar el proceso en libertad exista el riesgo de que el gobernador regional pueda huir del país.
Entre los viajes que realizó se encuentran salidas a países como Venezuela, Bolivia, Cuba, Argentina, Panamá, España, Brasil, Francia y Holanda.
“Esto nos demuestra que cuenta con facilidad para salir del país (tiene pasaporte), y permanecer oculto”, refirió el representante del Ministerio Público.
Al respecto, el abogado Aldo Ramos representante de Cáceres Llica señaló que los viajes se hicieron cuando fue alcalde de Caylloma como parte de la promoción del Valle del Colca.
◼ Poder adquisitivo
De otro lado, en la audiencia de prisión preventiva se reveló que en el 2011, Cáceres Llica logró comprar al contado un departamento valorizado en S/ 180 mil, el mismo que se ubica en la calle José Manuel Corbacho de la urbanización La Libertad en Cerro Colorado.
Aunque esta información fue expuesta por la defensa legal de Cáceres Llica con el objetivo de demostrar que su patrocinado tiene arraigo laboral, la Fiscalía utilizó el dato para sustentar que ello demuestra el poder económico del acusado.
Sumado a esto, el fiscal Arturo Valencia mostró su extrañeza que en el 2014, Cáceres Llica se haya hecho de una hipoteca por 66 mil 796 dólares que pagó en apenas dos años.
El abogado de Cáceres expresó su petición de que este proceso se lleve en irrestricto respeto de la ley “La Ley es escudo de las personas frente a la arbitrariedad”.
Según Aldo Ramos, el Ministerio Público viene desarrollando la investigación en contra de la normativa vigente, criminalizando al accionar político.
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