03/09/2021 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El director ejecutivo del proyecto especial Copasa, Marcelo Alberto Córdova Monroy, quien es amigo del gobernador Elmer Cáceres Llica y exgerente de Autodema, fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida por haber incurrido en el delito de negociación incompatible cuando era alcalde del distrito de Samuel Pastor en la provincia de Camaná durante el periodo 2015-2018.
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Así mismo, el funcionario fue inhabilitado para asumir cualquier cargo público por el plazo de tres años y siete meses, que consiste en incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, y deberá pagar una reparación civil de 5 mil soles. La sentencia se ejecutará cuando quede consentida en segunda instancia.
Córdova Monroy también estará sujeto a reglas de conducta como: Reparar el daño pagando el íntegro de la reparación civil, comparecer de manera mensual al control biométrico a través del Juzgado de Ejecución Penal, no variar de domicilio sin autorización del órgano jurisdiccional y no cometer delito doloso, en especial uno de la misma naturaleza.
De incumplir alguna regla, se revocará la pena suspendida y se hará efectiva por cuatro años en el penal.
◼ Delito
Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el año 2015, cuando Marcelo Córdova era alcalde del distrito de Samuel Pastor.
Allí contrató a su cuñada Noelia Susana Llerena Dongo, como técnica en enfermería y laboró en el puesto de salud Solidaridad Hábitat, adscrito a la Micro Red de Salud La Pampa, con un salario de mil soles mensuales.
Para ello, envió a la jefa de la Micro Red el currículum vitae de su cuñada y de una tercera persona que no acreditaba su formación profesional.
A la vez, firmó un convenio de cooperación institucional con la Micro Red, para hacer efectiva la contratación del personal técnico, sin comunicar al concejo municipal, ni contar con su autorización.
Además, autorizó el pago a su cuñada sin el informe de la gerente de la Micro Red, generando un perjuicio al Estado por remunerar a una persona sin la efectiva prestación de servicios e incurriendo en el delito de negociación incompatible.
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