25/11/2021 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El juez de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), José Málaga Pérez, inició ayer la lectura de la resolución respecto al pedido de 36 meses de prisión preventiva en contra del gobernador regional Elmer Cáceres Llica y otros 7 investigados como presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Hijos del Cóndor'.
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Durante la audiencia, el magistrado Málaga Pérez hizo un repaso de todos los elementos que durante las últimas tres semanas fueron presentados por la Fiscalía y también de las respuestas de los abogados de los acusados, y fue sustentando los argumentos que motivarán su decisión final.
No obstante, tras una jornada de casi 10 horas, el juez decidió suspender la audiencia para continuar hoy a partir de las 9 de la mañana.
◼ Audios y organización
Es preciso indicar que uno de los hechos importantes en la audiencia de ayer fue que el juez validó los audios que grabó la agente especial Samanta Miranda Tijero.
Y es que los abogados de los acusados pretendieron invalidar dichas grabaciones indicando que habían sido direccionadas, manipuladas por la agente especial, pero esta tesis fue rechazada.
Empero, el magistrado llamó la atención del Ministerio Público por no haber dotado de las herramientas adecuadas a la agente especial a fin de recabar pruebas que sean irrefutables en la demostración de actos de corrupción.
En adelante el juez reiteró su apreciación de se ha acreditado la existencia de una organización criminal en la que Cáceres Llica ejercía el liderazgo y los demás acusados, entre ellos el grupo de los 7 consejeros aliados, tendrían un rol que cumplir para conseguir sus propósitos aparentemente ilícitos.
Así por ejemplo, al dar lectura a la transcripción del audio donde Cáceres Llica ofrece a la consejera Crhiss Díaz la posibilidad de beneficiarse con la adjudicación de obras, Málaga Pérez concluyó: “Con esto tenemos claramente actos de corrupción explícitos respecto a las obras”.
En todo momento Málaga Pérez fue drástico en señalar que los funcionarios públicos deben actuar con ética y moralidad y no comercializar la omisión o cumplimiento de sus funciones a cambio de dádivas, y que este tipo de actitudes no se deben normalizar en la sociedad, descartando así que su fallo sea considerado como criminalización de la política.
El magistrado debe resolver hoy respecto a las responsabilidades individuales de cada uno de los investigados y posteriormente determinar si existe o no peligro de fuga, u obstaculización de investigaciones para decidir si encarcela a los acusados o los deja libres con restricciones.
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