Exigen medidas efectivas
18/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/01/2024
La Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de retomar la agenda pendiente en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres en nuestro país.
El pedido se hizo tras revelarse la cifra de feminicidios reportada por la institución durante el 2023, que asciende a 150 casos a nivel nacional, con un aumento significativo de 14 casos respecto al año anterior.
Además, se incluye la cifra por delito de tentativa de feminicidios, con 99 casos reportados el año pasado.
Exigen respuesta contundente
Al respecto, la adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Diana Portal, demandó una respuesta diligente, rápida y efectiva por parte de los sectores involucrados en las labores de prevención, atención y sanción oportuna en cada caso.
Detalló también que, además de los casos identificados, la Defensoría del Pueblo ha sostenido reuniones con familiares de las víctimas, como es el caso de la asociación "Familias Unidas por Justicia: Familiares de Víctimas de Feminicidio"; cuyos casos visibilizan los diferentes problemas que enfrentan en la búsqueda de sanción contra los agresores.
"Como parte de estos obstáculos, hemos podido identificar las demoras en la geolocalización de las víctimas, las cuales previamente son reportadas como desaparecidas; y el tiempo excesivo que se toma para disponer el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los principales sospechosos", explicó la representante de la Defensoría del Pueblo.
Esta detalló que a ello debe agregarse la falta de una debida diligencia y salvaguarda de la cadena de custodia de las evidencias relacionadas con el delito; demoras en los exámenes forenses, cambios de fiscales y la ausencia de incorporación de los enfoques de género, interculturalidad e interseccionalidad durante las investigaciones.
Como ejemplo de ello, Portal se refirió al reciente fallo de la Segunda Sala de Apelaciones del Callao en el caso de Solsiret Rodríguez, donde se evidencia la falta de una debida diligencia desde el inicio de las investigaciones.
"En este caso, desde la toma de la denuncia se revictimizó a sus familiares, hubieron demoras en la investigación fiscal y no se recogieron las pruebas de manera oportuna, entre otros obstáculos que reflejan los problemas estructurales en el sistema de administración de justicia de nuestro país en la sanción efectiva y oportuna a los agresores", explicó.
Explicó que, para ello, la Defensoría del Pueblo considera necesario que todas las etapas del proceso de investigación, en casos de feminicidio, se desarrollen bajo el principio y obligación de la debida diligencia reforzada, a fin de garantizar un adecuado recaudo de las pruebas y evitar la impunidad.
De otro lado, sostuvo también que es necesario culminar la implementación del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA), el mismo que permitirá contar con datos de los antecedentes de violencia de las víctimas y medidas de protección brindadas, entre otros aspectos importantes que ayudarán a fiscales y jueces adoptar decisiones oportunas.
Señaló que, a la fecha, este sistema ha sido implementado únicamente en 8 distritos fiscales y que se requiere otorgar el presupuesto necesario para alcanzar la meta de su implementación a nivel nacional, la misma que cuenta con varios años de retraso.
"Resulta fundamental que el Estado, en todos los niveles de gobierno, fortalezca y priorice aspectos cruciales como la prevención, atención y sanción de los casos de violencia hacia las mujeres, contando para ello con una política pública que priorice la atención de medidas concretas a fin de evitar que estos hechos se repitan y se pueda garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia", remarcó.
