05/06/2019 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
A diez años del conflicto de Bagua, a partir del cual se inició el camino hacia la Ley de Consulta Previa en el Perú, como parte de los acuerdos de las mesas de trabajo establecidas posterior al conflicto, AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) presentó el 29 de mayo último una Acción de Cumplimiento ante la Corte Superior de Justicia de Lima para que se implementen los acuerdos de consulta previa de la Hidrovía Amazónica realizada en el 2015.
Al respecto Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena Aidesep, señala “es momento de que el Estado renueve su compromiso con la consulta previa. Diez años después de Bagua, los acuerdos vinculados a megaproyectos no terminan de pasar del papel a la acción, existe demasiado incumplimiento por parte del Estado”.
Si bien se ha avanzado en el país en establecer un marco legal que reafirma el derecho a la consulta previa, -el Perú es el único en Latinoamérica en tener una Ley y un Reglamento expresos sobre consulta previa-, aún se dan casos en que los pueblos indígenas deben enfrentar procesos difíciles para poder acceder a este derecho, por ejemplo, existen medidas restrictivas como la Decimoquinta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley de Consulta, que excluye de consulta previa a proyectos considerados como servicios públicos.
En ese marco, las organizaciones indígenas han debido llegar al Poder Judicial para interponer demandas y exigir sus derechos, tal como ocurrió con la federación Acodecospat (Loreto), que debió presentar una acción de amparo en el 2013 para que se pudiera realizar la consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica, que avanzaba sin respetar este derecho, y que recién se implementó en el 2015 debido a esta acción judicial.
Demandan cumplimiento de acuerdos
Aidesep presentó la última semana una Acción de Cumplimiento[1] ante la Corte Superior de Justicia de Lima, para que se implementen los acuerdos de consulta previa de la Hidrovía Amazónica referidos a la elaboración y aprobación de dos reglamentos fundamentales para la protección y seguridad en los ríos, los cuales son responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones- MTC.
Uno de ellos es el Reglamento de infracción y sanciones en materia ambiental para el transporte fluvial, donde se debe abordar las sanciones ante el impacto de actividades como el dragado de los ríos -como propone la Hidrovía Amazónica-, sobre todo durante el mijano o tránsito de peces para su reproducción y desove; o los impactos de la turbidez del agua que se generaría al remover áreas del fondo de los ríos, entre otros [2]. Así también, el Reglamento Nacional de Transporte Fluvial con sanciones y penalidades [3], que debe contribuir en la seguridad y modernización del transporte.
La aprobación de estos reglamentos contribuiría a prevenir afectaciones en las 424 comunidades nativas que participaron del proceso de consulta en el 2015, y que viven en el ámbito del proyecto.
A cuatro años de establecer estos acuerdos en el Acta de consulta previa - los cuales legalmente son de cumplimiento obligatorio- la Hidrovía Amazónica sigue avanzando sin que el país esté preparado para afrontar el primer proyecto hidroviario en el Perú con normas que regulen el transporte en los ríos y la respuesta ante faltas ambientales que pueda provocar.
Las organizaciones indígenas vienen exigiendo el respeto a la consulta previa de grandes megaproyectos de infraestructura en la Amazonía. Consideran que es urgente que exista mayor voluntad del Estado para que garantice este derecho antes de la concesión, del permiso ambiental (EIA), y del cierre de estos proyectos.
