OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: Ética judicial

El tema de la corrupción en nuestro país, es más que evidente que no solo genera desasosiego sino también indignación ciudadana.

Por Ántero Flores-Aráoz / expresidente del Congreso de la República

El tema de la corrupción en nues­tro país, es más que evidente que no solo genera desasosiego sino también indignación ciudadana y más cuando ella tiene por actores a altas autoridades así como a ma­gistrados judiciales, estos últimos encargados de dirimir justicia y por lo tanto su actuación tiene que ser impoluta.

Cuando a través de la prensa, la población se enteró del escándalo de los “cuellos blancos”, en que es­taban involucrados magistrados judiciales de todas las instancias, y cuyas conversaciones grabadas, aunque con propósitos diferentes, los ciudadanos se enar­decieron y pidieron acción en la Justicia.

Felizmente la Justicia no hizo oídos sordos al clamor ciuda­dano, y días atrás, por acuerdo de Sala Plena de la Suprema Corte N° 61-2018, aprobó el Código de Ética del Poder Judicial, con la finalidad de dotar a los magistrados judiciales “… de un conjunto ordenado de reglas que orienten su comporta­miento ético, tanto en el ejercicio de sus funciones públicas como privadas”.

Inexorablemente las obras humanas no son perfectas, aun­que es loable el esfuerzo realizado por la Corte Suprema, el que podría ser perfectible sobe todo en normatividad que faculte a los magistrados a salir a la prensa, en que no necesariamente habría la misma línea conductual de pensamiento y acción, con el peligro que la información judicial al público pueda servir de plataforma para futuras actuaciones políticas, ya fuera de la judicatura.

En el Código al que nos referimos se crea el Comité de Ética Judicial (CEJ) integrado por tres jueces supremos cesantes o jubilados, que procesará las denuncias de contenido ético contra los jueces, pero qui­zás inadvertidamente no se ha considerado para el CEJ actuar de oficio, como tampoco recibir la defensa de letrados que asistan a los denunciados, y no ha pre­visto tampoco una segunda instancia resolutiva.

Un tema que merecería un mejor tratamiento es el de la demora en la sustentación de los procesos e incumplimien­to de plazos, que es algo que irrita –con razón– a los judi­ciales y sus abogados.

Es claro que existen tres niveles de acción contra inconductas en el sector judicial. Las inconductas éticas se tramitarán ante el CEJ, las infracciones funcionales ante la Oficina de Control Interno del Poder Judicial y sus brazos subordinados a ella, y lo que constituya delito al binomio Ministerio Público y Poder Judicial.

Ahora que se tendrá que desarrollar en el Congreso. median­te Ley Orgánica, la novísima “Junta Nacional de Justicia” en sustitución del “Consejo Nacional de la Magistratura”, que lamentablemente en los últimos tiempos no dio talla, será necesario articular competencias del CEJ, de las Oficinas de Control Interno de la Magistratura, de la JNJ, así como de la dupla Ministerio Público/Poder Judicial.

Principalmente deberá tenerse presente para todo ello que las normas sustantivas deben ser acompañadas de las proce­dimentales y complementadas con las sanciones a aplicarse en cada Institución aludida, pues deber sin sanción por in­cumplimiento es casi poesía.

 

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