OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: Austeridad en publicaciones del Estado

Se supone que el Estado desea el gobierno digital, pero ello no debe quedar en deseo, sino que puede ponerle punche en temas que son muy simples de abordar.

Por Ántero Flores-Aráoz / ex presidente del Congreso de la República.

Muchos de los que aplaudían la prohibición al Estado de publici­tar en medios privados, aduciendo los excesos de avisaje extenso e in­necesario, olvidaron que hay una gran tarea pendiente, como es la de racionalizar los avisos y publi­caciones del Estado.

Se supone que el Estado desea el gobierno digital, pero ello no debe quedar en deseo, sino que puede ponerle punche en temas que son muy simples de abordar. Me refie­ro por ejemplo a la publicación en físico en el diario oficial El Perua­no de las sentencias del Tribunal Constitucional, jurisprudencia relevante y hasta de observancia obligatoria de nuestros tribunales, que bien podrían me­recer un pequeño aviso anunciando que ellas se encuen­tran en el respectivo portal informático o página web institucional, donde deberían estar colgados todos esos elementos.

Lo propio debería suceder en anuncios de imposición de multas o cobranza de acotaciones tributarias, en que muchas veces el avisaje en medio estatal le cuesta más al anunciante de lo que pretende recibir. Bastaría, como se propone en el párrafo anterior, pequeño aviso que anun­cie que se incorporó a la web la respectiva información.

No tiene tampoco sentido publicar en El Peruano las de­claraciones periódicas de bienes y rentas de los funciona­rios del Estado, que bastaría su incorporación al respecti­vo portal web.

El diario oficial está plagado de autorizaciones de viaje, que no son normas o mandatos para toda la población, y cuyo conocimiento podría lograrse a través de la respectiva web. Lo propio sucede con el nombramiento de funcionarios de segundo nivel para abajo y con el cese de los antecesores.

Tampoco tiene razón de ser, el anuncio en el diario El Peruano del cese de diplomáticos por jubi­lación u otros motivos, ni el cese por límite de edad de jueces y fis­cales de todas las instancias.

Si el Estado quiere que la publi­cidad que realiza lo sea en redes sociales, no vemos racionalidad en que no lo haga para todos los anuncios a que antes nos hemos referido, a lo que habría que agre­gar las abultadas e interminables separatas de fin de cada año de los incrementos de arbitrios municipales.

Para ingresar a OCDE, que es una aspiración del Gobier­no, no basta pregonar que hay voluntad de asumir el go­bierno digital, sino que debe acreditarse, por lo que aquí tienen algunas ideas fáciles de implementar.

La eliminación, o por lo menos, reducción de empleo de papel, tiene también otras ventajas como es la de protec­ción del medio ambiente con menos descartables que lo afectan. Como el papel que se emplea es originario de la actividad forestal, las aplicaciones digitales reducen la de­forestación. Además, y no hay que olvidarlo, que como el papel es importado, utilizaríamos menores divisas y no se dilapidaría moneda extranjera que colisiona con un buen manejo de divisas.

Hagan cosas lógicas y coherentes, en lugar de imponer inconvenientes prohibiciones, felizmente derogadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

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