13 Ago, 2017

Sendero sigue en su guerra y espera tomar el poder en disputa electoral

Marcos Ibazeta considera que grupos violentistas están poniendo en jaque al Gobierno.

El jurista Marcos Ibazeta quien también fue expresi­dente de la Sala Penal Anti­terrorista, afirma que Sen­dero se ha infiltrado en los gremios sindicales, ante la indiferencia del Ejecutivo. “El Perú está enfrentando una situación muy difícil, tanto que los elementos violentistas han ingresado en las organizaciones gre­miales y están poniendo en jaque el Gobierno. Lo están midiendo. Hasta ahora no se soluciona el problema de los maestros. Dentro del ma­gisterio se disputan el lide­razgo. La dirigencia de Patria Roja ya no controla todo. Los docentes están exasperados y tienen razón porque nadie les ha hecho caso. La acción gremial legítima se ha jun­tado con una acción política embozada, opinó.

¿Se ha debilitado la judi­cialización en los casos de terrorismo?

No es la judicialización. Sen­dero Luminoso sigue en su guerra. La idea que tienen es dejar la lucha armada y que sus organismos de fa­chada avancen para tomar el poder en una disputa electoral partidista. Por lo tanto, su acceso al poder se­ría legítimo y cuando lo ha­gan, implantar ideologías totalitarias para el control absoluto del poder y una permanencia indefinida, al estilo (Hugo) Chávez.

Parece que el Gobierno no ve esto. Un viceministro de Educación dijo en una radio que el Movadef es legal, porque está inscrito en Registros Públicos…

No entiendo a los del Go­bierno. El hecho de estar inscritos solo significa el aprovechamiento que usan ante el desdén con que el Gobierno está viendo este problema. Cuando se cons­tituye una asociación y no ponen nada de sendero, es que están actuando solapa­damente. Pero para eso tene­mos procuradores, fiscales, organismos de seguridad para que se demande la nu­lidad de esas organizacio­nes. Hay que demostrar que pertenecen a Sendero. Nadie hace nada. En el Congreso creen que cambiando la ley de apología es suficiente. Si un viceministro piensa así, el resto de la población puede pensar que es legal.

Esos grupos violentitas es­tán tratando de poner al Es­tado de rodillas. No quieren dialogar. Ellos son autores de las mesas de diálogo, donde siempre se han impuesto y se han producido muchas muertes. Pero los organiza­dores están libres. Ninguno ha sido condenado.

Tenemos un panorama muy complicado…

Sí, porque el Estado no quie­re mirar o está mirando de reojo. Está haciendo como el presidente Fernando Belaun­de, que trató al terrorismo como abigeos.

Y así, la institucionalidad se debilita cada vez más…

Sí, por completo. Porque no sabemos hasta qué punto ha llegado la infiltración radical.

¿Y nuestro servicio de inteli­gencia?

Lo que le estoy diciendo es el proyecto que los terroris­tas mismos contaron que iban a hacer, cuando esta­ban siendo juzgados: que iban a dejar la lucha arma­da para insertarse en la con­frontación electoral parti­dista, porque según ellos el espacio estaba regalado. Ellos dicen que otra vez el Estado se ha alejado de la población. El pueblo es el que sufre las carencias, las bonanzas del Estado no les ha llegado. Por eso Sen­dero pensaba que podían llegar a muchas instan­cias democráticas. Decían que los actos de violencia no saldrían de ellos sino del pueblo movilizado, que buscaba reivindicaciones, porque iban a generar una psicología de grupo que anula la psicología indi­vidual. Para convertir a la población, en lo que ellos llaman masa, que no pien­sa ni razona, sino que sigue el impulso que los líderes imponen.

Es de temer…

Pero ya lo estamos viviendo, desde Bagua ya sabemos a dónde van. Desde Casapal­ca, con incendios de locales públicos; las tomas de carre­teras, estrangulando esas zo­nas, paralizando la actividad minera, la actividad comer­cial, el turismo. Ya no es sendero, dicen ellos, sino la población que legítima­mente empezaba a exigir que el Estado satisfaga sus expectativas.

Qué se debe hacer…

El Estado debe movilizar a toda su institucionalidad, crear marcos normativos adecuados. Fortalecer sus instituciones de seguridad, exigir criterios jurisdiccio­nales claros sobre el nuevo marco jurídico y su aplica­ción. Porque hasta ahora nadie en el Poder Judicial entiende qué es apología y hasta dónde se pueden apli­car los términos exaltación, inducción, etc., sin lesionar derechos fundamentales.

El Estado debe trabajar en el ámbito externo, porque sendero luminoso nos ha asfixiado a través de los or­ganismos que protegen los derechos humanos en las cortes supranacionales. Has­ta ahora no hace nada. No hay reacción de la interins­titucionalidad donde todos nos pongamos una cami­seta y defendamos nuestro sistema democrático y el ejercicio del poder dentro de la democracia representati­va; y no estar jugando a que movimientos totalitarios, enemigos del sistema al que pertenecemos, participen tan libremente con el objeti­vo de destruirnos.

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