OPINIÓN|Mario Amoretti: ¿Hay decisión para combatir la corrupción?

Desde el  inicio de la República se pretendió sancionar con drasticidad para combatir la corrupción, incluso se sancionaba a los corruptos con pena de muerte.

Desde el  inicio de la República se pretendió sancionar con drasticidad para combatir la corrupción, incluso se sancionaba a los corruptos con pena de muerte –derogado–, pero con gran preocupación verificamos que pese a las medidas o sanciones que se debe imponer a un  corruptor o corrupto, lejos de disminuir, se ha incrementado, tanto a nivel de funcionarios como de servidores públicos y privados. Consideramos, teniendo en cuenta lo sucedido en setiembre del año 2000 cuando fuimos impactados con la exhibición de videos y audios; y a partir de aquella fecha salieron a diversos medios de comunicación, diversas personas, políticos, etc., en los que opinaban  de manera uniforme que a partir de aquella fecha ya no se iba a presentar casos de corrupción en nuestro país, tal como se sostiene en la actualidad.

Es el caso, y debemos retroceder a la época pasada, donde se “perdieron audios y videos”, luego de que el Congreso de la República solicitara que los envíe el Poder Judicial y Ministerio Público, en los cuales, de acuerdo a lo trascendido, había funcionarios, servidores, empresarios, políticos que figuraban en dichos medios; y que lamentablemente no fueron denunciados, investigados ni juzgados a fin de que previo proceso, en su oportunidad sean sentenciados.Esperamos que en esta oportunidad no suceda lo mismo, sobre todo cuando verificamos que en el Congreso de la República, bajo el pretexto de levantamiento inmunidad para aquellos que han cometido delitos comunes, dicho Poder del Estado debe desaforarlos, a fin  de que sean investigados, y procesados, sin embargo, se crea un manto de impunidad. Es necesario que se tenga en consideración que el funcionario público que cometa un delito  común, al máximo de la pena se la agrega la mitad, o sea que el congresista Mamani, por el hecho punible cometido, el máximo  de  la pena que le corresponde es 9 años.

Sugerimos que si en verdad se quiere combatir la corrupción, empecemos porque la Fiscalía de la Nación informe al país qué funcionarios públicos fueron denunciados a partir del año 2000 y cuál fue el destino de las denuncias, porque no se ha tenido conocimiento de cómo terminaron y  lo más grave, es que han podido ser archivadas. Asimismo, que se investigue sobre los signos exteriores de riqueza a quienes desempeñaron altos cargos a partir de la última década, con estos pedidos si en verdad se consiguen estas informaciones, tendríamos muchas sorpresas.

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