OPINIÓN|Luis Angeles Laynes:Crisis naranja se agrava

Un cuento que hasta hoy nadie cree.

No cabe duda que la prisión preventiva de 36 meses que cumple la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, por orden del juez Concepción Carhuancho por presunto delito de lavado de activos, ha provocado toda una crisis en la interna en su representación parlamentaria con muestras incluso de desesperación.El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, fue el primero ayer en encender la mecha para una nueva crisis naranja, al pronunciarse en contra de su bancada y hacer valer su voto dirimente para rechazar una denuncia contra los miembros del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinoza-Saldaña, Manuel Miranda y Carlos Ramos. La decisión de Segura dejó mudas a sus colegas Karina Beteta y Úrsula Letona, quienes optaron por mantenerse en silencio pero sin poder ocultar su contrariedad.

Pero la crisis naranja se hacía más evidente. Tras lo ocurrido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la congresista Yeni Vilcatoma, quien regresó a la representación fujimorista en julio para ocupar la tercera vicepresidencia del Congreso, solicitó la expulsión de Úrsula Letona de la bancada de Fuerza Popular. Según la denunciante, Letona “no ha tenido una actitud proba” al promover el archivo de una moción para investigar las presuntas denuncias de corrupción en Promperú y utilizar todo su poder para lograrlo.Un enfrentamiento que puede costarle a Vilcatoma una nueva salida de la bancada naranja, si se tiene en cuenta el respaldo con que cuenta la exvocera de Fuerza Popular en su agrupación. Recordemos que a los pocos meses de iniciada su gestión parlamentaria, Yeni Vilcatoma tuvo que renunciar a la bancada, a la que llegó como independiente, tras una fuerte confrontación con Héctor Becerril.

Otra muestra de desesperación la dio la legisladora Cecilia Chacón, quien junto con Mauricio Mulder (Apra) y otro grupo de exparlamentarios, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento en el que denuncian un intento del Ministerio Público y el Poder Judicial de criminalizar la política en el país. Y decimos desesperación porque ya los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez han aclarado que no se está denunciando a los partidos políticos como organizaciones criminales, sino que algunos de sus integrantes están actuando como tales para lavar dinero ilegal que recibieron para sus campañas electorales.

Para el fujimorismo el día no pudo ser peor, pues el juez Richard Concepción ordenó impedimento de salida del país por 36 meses a Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, y la Interpol ya puso en su base de datos a Jaime Yoshiyama, para su captura en Estados Unidos. El ex secretario general de Fuerza 2011 debe además aclarar cómo Juan Rassmuss, empresario fallecido hace dos años, hizo para aportar 800 mil dólares en efectivo para la campaña electoral sin que la excandidata presidencial ni ningún otro allegado supiera de dónde llegaba el dinero. Un cuento que hasta hoy nadie cree.

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