OPINIÓN | Arturo Solís: Por la razón o por la fuerza

Antes de recurrir al Estado, lo mejor es hallar formas privadas, voluntarias y consensuadas para resolver los conflictos inevitables que derivan de una vida en sociedad...

La semana pasada se publicó el decreto legislativo que modifica la Ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor. En él se establece que las empresas ya no podrán realizar llamadas ni enviar mensajes de texto para ofertar sus productos o servicios a los consumidores, sin que ellos hayan dado su autorización previa. Si bien el prohibir per se es una práctica que va en contra del espíritu del liberalismo, este caso ameritaba alguna respuesta de las autoridades.
El Estado es coacción, violencia, obliga a las personas, por medio de la fuerza, a acatar sus órdenes. Antes de recurrir al Estado, lo mejor es hallar formas privadas, voluntarias y consensuadas para resolver los conflictos inevitables que derivan de una vida en sociedad. Sin embargo, cuando una de las partes se rehúsa reiteradamente a acceder a las peticiones de la otra, es necesaria la intervención externa para resolver el problema.
Intuyo que, al principio, la mayoría de clientes, al recibir estas llamadas, escuchaban pacientemente a los operadores y les indicaban no estar interesados en adquirir los productos o servicios que ofrecían. Varias llamadas y negativas después, uno, evidentemente molesto, les pedía que dejaran de contactarlo y que no le ofrecieran nada más. Incluso en el extremo de amenazarlos con cambiarse de compañía si no deten ían sus prácticas.
Incomprensiblemente, estas entidades siguieron utilizando sus estrategias de acoso sistemático, enfadando en el camino a todos sus clientes. Resulta curioso que empresas con áreas de marketing compuestas por los mejores profesionales del país no pudieran ver el daño que le hacían al prestigio de sus marcas. ¿Dónde estuvo la retroalimentación entre los operadores que hacían las llamadas y los que idearon este plan publicitario?
A diferencia de la vez anterior, donde Indecopi reguló equivocadamente la entrada de bebidas y alimentos a las salas de cine, perjudicando el modelo de negocio de estas empresas, en esta oportunidad ha actuado bien, atendiendo correctamente las reiteradas y bien justificadas quejas de los consumidores. Una de las contadas ocasiones en que el Estado ha justificado su existencia. ❖

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