27 Abr, 2017

OPINIÓN | Miguel Santillana: De los barones a los hampones del azúcar (II)

Los demandan­tes buscan “Jueces ad hoc” que accedan a sus ilega­les pretensiones, distorsio­nando las garantías del de­bido proceso...

Por Miguel Santillana

Esto es una grave in­tromisión a la eje­cución de senten­cias con autoridad de cosa juzgada. Precisamente, en los expedientes N° 4430- 2001 y N° 4993-2001, exis­ten sentencias firmes. Y jus­tamente, en su ejecución, se ha dispuesto instalar ad­ministraciones de la empre­sa Tumán. Sin embargo, el juez de Pedro Ruiz está lite­ralmente “suspendiendo” la ejecución de la cosa juzga­da, lo cual está totalmente prohibido; máxime, si ello es improcedente a través de un proceso de hábeas corpus.

Pero, además, lo extraño y grave es que en la Resolución N° 01 de fecha 7 de abril de 2017, no expone ningún fun­damento fáctico y jurídico para ordenar la suspensión antes indicada. Esto hace la decisión nula per se, pues no se respeta la garantía del de­bido proceso, y la exigencia de la motivación de las reso­luciones judiciales.

Lo más grave, es que por Resolución N° 02 de fecha 12 de abril de 2017 ha re­suelto, a través de un decre­to, restablecer como admi­nistradores judiciales de la empresa Tumán a los seño­res Alejandro Zevallos Gon­zales y Leoncio Egúsquiza Sánchez. Es totalmente ile­gal que a través de un hábeas corpus se haya nombrado administradores judiciales.

En este caso, el juez está distorsionando la naturaleza misma del proceso constitu­cional de hábeas corpus.

Como se aprecia en el lis­tado anterior, en más de una ocasión, los demandan­tes buscan “Jueces ad hoc” que accedan a sus ilega­les pretensiones, distorsio­nando las garantías del de­bido proceso. Repetimos: es imposible jurídicamen­te que se utilice al proceso de hábeas corpus para sus­pender la ejecución de sen­tencias firmes, y más aún, nombrar administradores judiciales; peor si tales de­cisiones judiciales no tie­nen motivación jurídica. Además, todos los procesos constitucionales con el mis­mo fin (establecer una ad­ministración judicial ad hoc) han sido rechazados, al per­catarse del fraude proceso.

¿Qué dirá sobre esto el discreto don Pedro Sánchez, fiscal de la Nación y el me­diático Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Su­prema? ¿Qué dirán los pro­curadores del Estado, pues­to que estas cooperativas deben impuestos, beneficios sociales, a Essalud, al ONP y Fondos de Pensiones, prés­tamos a Cofide, etc.? ¿Dón­de y cuándo escucharemos a la ministra de Justicia, Ma­risol Pérez Tello, ordenar a la procuradora del Estado que intervenga? Por mientras la población vivirá desampara­da y con miedo.

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