18 Ago, 2017

OPINIÓN | Miguel Ángel Torres: Los Imprescriptibles

La reforma del artículo 41 de la Constitución, aprobada ayer por el Pleno, constituye un hito en la lucha contra la corrupción en nuestro país.

Por: Miguel Ángel Torres

Pocas veces en la historia del Parla­mento se ha visto un consenso tan amplio entre las distintas fuerzas políticas para desarrollar instru­mentos eficientes que sirvan para enfrentar la corrupción.

Alcanzar el consenso no fue sen­cillo. Fueron siete proyectos de Ley de todas las bancadas y del Ejecutivo, que apuntaban a un solo objetivo: lograr que el tiem­po no fuera un aliado de los co­rruptos, ni un enemigo de nues­tros jueces y fiscales.

La reforma del artículo 41 de la Constitución, aprobada ayer por el Pleno, constituye un hito en la lu­cha contra la corrupción en nues­tro país.

El panorama de la corrupción en nuestro país es trágico. Los costos anuales son de aproxima­damente 12,600 millones de soles en pérdidas, monto que equivale a 1,000 postas médicas, 440 cole­gios modernos, 6,250 comisarías o 1,900 km de carreteras. Ese es el impacto concreto de la corrup­ción.

La Contraloría expuso que, entre el 2008 y el 2017, encontró 10,670 responsabilidades penales a nivel de Gobiernos Regionales y 11,998 a nivel de municipios, las que in­volucraban a más de 12,961 fun­cionarios en actos de corrupción. Esto significó procesos penales en contra de 5,302 funcionarios, muchos de los cuales resultaron infructuosos.

De todos los delitos, los más perniciosos para el sistema po­lítico, el régimen democrático y la ciudadanía son los referidos a la corrupción. La corrupción no solo es negativa porque perjudica –casi siempre– a los más pobres y afecta los recursos de las arcas públicas, sino fundamentalmen­te porque mina y corroe las bases mismas del régimen político, de la democracia y sus institucio­nes, al deslegitimar y mermar la credibilidad de las autoridades públicas y los líderes políticos, sino también de nuestras insti­tuciones y las normas que estas generan para su uso.

Con la reforma aprobada, el plazo de prescripción de la ac­ción penal se duplica para TO­DOS los delitos cometidos contra la Administración Pública; y ya no solo para los delitos cometi­dos contra el patrimonio del Es­tado. La prescripción se duplica no solo para los funcionarios, sino también para los particu­lares que corrompen. Y la refor­ma constitucional no se detiene ahí, pues encarga la importante tarea de establecer cuáles serán aquellos delitos contra la Admi­nistración Pública o el patrimo­nio del Estado que serán conside­rados imprescriptibles.

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