12 Abr, 2018

OPINIÓN | Martín Valdivia Rodríguez: Justicia para algunos

Todo ello cansa a la gente y le hace pensar que la justicia usa garrote para la gente pobre y se viste de seda para aquellos que mueven dinero y fama.
OPINIÓN | Martín Valdivia Rodríguez: Justicia para algunos
OPINIÓN | Martín Valdivia Rodríguez: Justicia para algunos

Para el común de los peruanos, el desprestigio del Poder Judicial nace de decisiones tan polémicas como aquella de revocar los 18 meses de prisión preventiva que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho había dictado contra los empresarios Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós, representantes de las constructoras JJ Camet e ICCGSA respectivamente, además de anular el arresto domiciliario que acataba Gonzalo Ferraro Rey y disponer la libertad también de Hernando Graña Acuña y José Graña Miró Quesada.

Pero la gota que colmó el vaso fue el fallo de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel que le permite al conductor y cantante Eduardo Saettone Arróspide ganar nuevamente la calle, al imponérsele cuatro años de prisión suspendida –por el plazo de tres años– por atropellar y matar, en agosto de 2012, a la señora María Fidela Coronado de Galeno.

Todo ello cansa a la gente y le hace pensar que la justicia usa garrote para la gente pobre y se viste de seda para aquellos que mueven dinero y fama.

Según el Primer Censo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI-2016), el 48.7% de internos del país ha sido sentenciado, mientras que un 51.3% está siendo procesado. Eso quiere decir que más de 39 mil internos no tienen clara su situación jurídica. Un grueso porcentaje de estos se encuentran en calidad de detenido preventivamente.

Está claro que ninguno de esos internos tiene plata o se apellida Graña o Saettone. Al parecer, la posición social del interno influye mucho en la decisión de los jueces para cambiar sentencias o liberar sin más ni más a un personaje influyente. Lo que habría que investigar es qué mueve al juez para que decida liberar a un personaje cuestionado. ¿Corrupción?, ¿ayudas futuras?, ¿compromisos adquiridos? No lo sabemos, lo cierto es que esta situación se repite sin roche –como dicen los jóvenes– ante la vista y paciencia de la autoridad judicial.

Lo más preocupante del caso es que hasta la fecha, la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) no informa qué pasó con el proceso de indagación a la Primera Sala Nacional de Apelaciones que ordenó la libertad de los procesados José Castillo Dibós, Fernando Camet Piccone y Gonzalo Ferraro, Hernando Graña Acuña y José Grana Miró Quesada, los grandotes de las empresas consorciadas de Odebrecht que solo estuvieron unas semanas en la cárcel.

Y así, mientras se sigan liberando a señorones y grandotes, la gente seguirá desconfiando de la transparencia del Poder Judicial y de sus decisiones. En el Perú no debería haber corona para nadie, pues todos somos iguales –supuestamente– ante la ley. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.