OPINIÓN | Martín Belaunde Moreyra: Tardía reivindicación

El Mallku defendía una postura reivindicacionista del pasado indígena boliviano, siendo igualmente feroz crítico de  la historia de Bolivia desde su independencia.
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 Acabo de enterarme que un juez federal de la Corte de Florida, ha revertido la decisión de un jurado en el sentido de que una demanda por daños y perjuicios interpuesta contra el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, por supuesta violación de derechos humanos, carece de  evidencias contra el demandado. Para entender esta materia debemos recordar ciertos sucesos ocurridos en Bolivia en el año 2003, que dieron lugar a la caída del mencionado presidente.

Los hechos pueden resumirse de la siguiente manera: un grupo de turistas extranjeros visitaban el lago Titicaca en 4 buses y súbitamente fueron emboscados por elementos hostiles que comenzaron a lanzarles piedras en lugar muy encerrado.  Ello obligó que el convoy turístico permaneciera acorralado durante 48 horas en un sitio peligrosísimo expuesto a  que los turistas fueran capturados como rehenes. Sus atacantes eran personas de extrema izquierda vinculados a un líder radical  que se hacía llamar El Mallku, que tenía pretensiones a la presidencia de Bolivia con una propuesta indigenista, dirigida contra los sectores de ascendencia europea, quienes según él dominaban secularmente el escenario político social de dicho país en perjuicio de las mayorías aymara y quechua. El Mallku además estaba en ese momento coaligado con Evo Morales en su oposición a Sánchez de Lozada, si bien posteriormente se distanciaron. El Mallku defendía una postura reivindicacionista del pasado indígena boliviano, siendo igualmente feroz crítico de  la historia de Bolivia desde su independencia. Curiosamente El Mallku era de origen peruano por sus padres y algunos expertos en el tema incluso lo vinculaban con Sendero Luminoso, aunque ese aspecto puntual nunca llegó a probarse.

Ante semejante situación que comprometía la libertad y  la vida de turistas extranjeros ajenos a los conflictos políticos del país, el gobierno boliviano envió a un destacamento policial para rescatarlos. En esas circunstancias se produjo una balacera en la que murió una niña campesina que miraba la refriega. Esta muerte fue utilizada como pretexto para acusar a Sánchez de Lozada de violador de derechos humanos y que además propiciaba una política de violencia contra sus opositores de izquierda. En las acusaciones también fue incluido su ministro del Interior, Carlos Sánchez Berzaín, a quien se le criticaba por aplicar métodos represivos contra la oposición en general.

El operativo logró su propósito de rescatar a los turistas pero la situación política para el gobierno de Sánchez de Lozada se volvió insostenible, no solo por ese motivo sino por la acusación de favorecer a intereses chilenos con el objetivo de que el nuevo gasoducto boliviano saliera por territorio de Chile y no del Perú. Este conjunto de factores generó una gran violencia que obligó a Sánchez de Lozada a salir del país dejando el gobierno en las precarias manos de su vicepresidente, Carlos Mesa, quien le volvió la espalda pretextando los últimos sucesos. El resto de la historia es conocida. Carlos Mesa ejerció la presidencia durante un corto tiempo y fue sucedido por el Presidente de la Corte Suprema, quien convocó a elecciones a comienzos del 2006 en las que resultó triunfador Evo Morales. Desde entonces él gobierna Bolivia y además desea reelegirse nuevamente para otro período de 4 años a pesar de que la Constitución lo prohíbe y perdió un referéndum cuando consultó esa posibilidad.

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