OPINIÓN | Martín Belaunde Moreyra: ¿Puede el presidente tener asesores?

El Congreso no puede dictar una ley que establezca cámaras filmadoras en las oficinas del Presidente, de sus ministros y de sus asesores para saber de qué hablan...

Debo confesar con la mayor humildad que la idea del presente artículo y su título se inspiran en una reciente exigencia de mi distinguida ex colega congresal Lourdes Alcorta Suero acerca de los asesores del Presidente Vizcarra. En un primer momento me pregunté si un congresista está facultado para pedir la nómina de los asesores del Jefe de Estado y en todo caso cuál sería el objeto de semejante exigencia. Luego recordando tiempos idos, repasé por un momento el texto de nuestra Constitución y tomé nota de su artículo 96 en virtud del cual “cualquier representante del Congreso puede pedir… los informes que estime necesarios”. Claro está que el segundo párrafo de dicho artículo matiza en alguna forma ese derecho cuando añade que el pedido debe hacerse por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso, con el colofón que “la falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley”. Ahora bien, el artículo pertinente de dicho reglamento asimismo señala, entre otras cosas, que el pedido “debe hacerse por escrito fundamentado y preciso” y además que no será tramitado si la información requerida no se refiere a asuntos de interés público y de utilidad para el Congresista.
Entonces me surgió la segunda pregunta, ¿en qué beneficia al congresista saber que el Presidente de la República tiene a fulanito y perencejo de asesor de cabecera para los asuntos de Estado? Y de la segunda pregunta pasé a la tercera, ¿puede un congresista o un bloque parlamentario de ser el caso, pedirle al gobierno que el Presidente de la República despida a tal o cual asesor por no ser de su agrado político? Claro está que el Congreso puede interpelar a cualquier ministro y por cierto al Presidente del Consejo de Ministros, incluyendo una pregunta que diga más o menos lo siguiente, ¿por qué el despacho de la PCM permite que el Jefe de Estado se asesore o con tal o cual persona sobre materias gubernamentales, siendo que esa persona no es la indicada de acuerdo a nuestro criterio político? De ser ese el caso, ¿no se estaría violando el principio de separación de poderes que nuestra actual Constitución y la Constitución histórica del Perú siempre ha establecido? Y así nos podemos ir preguntando hasta el infinito para llegar a la conclusión que la potestad de información que el Congreso puede solicitar tiene un límite que no podemos desconocer. ¿Cuál es entonces ese límite? El funcionamiento y la operatividad del Estado. El Congreso no puede dictar una ley que establezca cámaras filmadoras en las oficinas del Presidente, de sus ministros y de sus asesores para saber de qué hablan, con quienes hablan y de paso enterarse si están cometiendo algún delito. Todo eso implica reemplazar la presunción de inocencia por la de culpabilidad, que no se presume sino se prueba en juicio.
De este simple raciocinio podemos llegar a la conclusión que el Presidente de la República puede nombrar a los asesores que estime necesarios, en la medida que ellos afectivamente cumplan esa función y no se aprovechen del cargo para realizar “negociazos” como ocurrió hace algún tiempo. Y de ser el caso, ¿deben estar rentados? No necesariamente, pero sí lo están sus remuneraciones deben ser conocidas por el Congreso. ❖

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