OPINIÓN | Luis Angeles Laynes : “El dedo en la llaga”

Una propuesta que sin duda generará polémica, es la que dio a conocer ayer el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, para jueces y fiscales supremos.

Una propuesta que sin duda generará polémica, es la que dio a conocer ayer el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, para que congresistas, jueces y fiscales supremos ya no gocen de la inmunidad que los protege ante procesos por la comisión de delitos.

En estos días en que el país ha sido sacudido por el escándalo de los audios, que han destapado casos de corrupción en las instituciones del sistema judicial, consideramos válido que el tema sea materia de un amplio debate para poder ser aplicado, pues vemos también cómo un vocal supremo envuelto en supuestos ilícitos no puede ser investigado por la justicia sin el visto previo del Congreso de la República.

Pero los parlamentarios tampoco escapan de esos privilegios y aunque los defienden con uñas y dientes, es necesario también que se revisen, pues son varios los casos en que padres de la patria han evitado someterse a la justicia amparados en su inmunidad.

Según el presidente de la Corte Suprema, “hay muchos privilegios para jueces supremos, fiscales supremos y congresistas cuando se trata de delitos evidentemente comunes que atentan contra la Constitución. No tiene lógica crear prerrogativas”, y por ello considera que se debe eliminar la inmunidad para ellos “en tanto se trate de la comisión de delitos”.

Después del escándalo de los ‘CNM audios’, los privilegios de estos altos funcionarios deben ser debidamente establecidos para casos puntuales y no de la manera en que hoy se protegen. La reforma judicial debe ser propicia para delimitarlos en el caso de los jueces y fiscales supremos.

En la misma situación debe comprenderse a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya hemos visto cómo han actuado para la elección de jueces y fiscales, así como al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). ¿Se justifica que estos funcionarios gocen de inmunidad?

Coincidimos con el doctor Prado en que todo funcionario público que realiza una conducta que implica un atentado a la Constitución y la comisión de un delito, tiene que enfrentar a la justicia y las consecuencias propias de sus actos.

Ya en algunos países de la región se debate también la eliminación de tales prerrogativas y el Perú no debe ser excepción, pues los casos recientes ameritan que se revisen todos los mecanismos que puedan conducir a la impunidad. El delito tiene que pagar, venga de donde venga, caiga quien caiga.

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