OPINIÓN | Miguel Ángel Torres : El DU 003 al estilo Poncio Pilatos

Luego de una fortísima discusión, se logró aprobar una Ley que incorporaba a las empresas consorciadas
OPINIÓN | Miguel Ángel Torres : El DU 003 al estilo Poncio Pilatos OPINIÓN | Miguel Ángel Torres : El DU 003 al estilo Poncio Pilatos

Hace casi un año, el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia 003, a través del cual pretendía cautelar los intereses del pueblo peruano frente a las empresas constructoras que se encontraron involucradas en hechos de corrupción.

Fue con ocasión de la revisión de dicho dispositivo que el Parlamento advirtió que, lejos de cautelar dichos intereses, el referido Decreto había “casualmente” olvidado involucrar en las medidas adoptadas a las empresas consorciadas que acompañaron y se beneficiaron con ganancias producidas por actos de corrupción.

Se advirtió, de igual manera, que la supuesta cautela de la cadena de pagos era inexistente, pues no existía una sola disposición que tuviera como objeto asegurar el pago de cientos de pymes proveedoras de estas empresas.

Finalmente, resaltamos que los más perjudicados eran los trabajadores, pues carecían de un marco que permitiera el aseguramiento de sus derechos.

Todas estas críticas fueron complementadas con justificadas denuncias que demostraban el amordazamiento a procuradores públicos, que buscaban que el Estado tome medidas concretas de embargo para asegurar el pago de la Reparación Civil.

El Congreso no sólo se quedó en el discurso. Durante varias sesiones, la Comisión de Constitución y el Pleno del Parlamento debatieron una Ley que modificara el mentado Decreto de Urgencia. Luego de una fortísima discusión, se logró aprobar una Ley que incorporaba a las empresas consorciadas, daba medidas que permitían la atención de proveedores y cautelaban los derechos de los trabajadores. El esfuerzo desplegado no encontró eco en el Ejecutivo. De hecho, luego de 24 días, éste se negó a publicar la norma y observó la misma.

La vigencia del Decreto de Urgencia vence este 14 de febrero. Y si bien dicho dispositivo es altamente imperfecto, como fue demostrado, evitó que la empresa Odebrecht transfiera sus proyectos y se lleve la totalidad de sus activos al exterior. Es por ello que llama tremendamente la atención que, a días de que venza la vigencia del mismo, el Ejecutivo opte por la presentación de un proyecto de Ley que modifique sus alcances.

La sorpresa responde a que el Parlamento, si bien demuestra su mayor disposición para analizar este tema, se encuentra en receso, y el análisis técnico de las implicancias financieras de la propuesta no podrían ser evaluadas en las comisiones especializadas como corresponde.

Proponer una ley “minutos antes de que suene la campana” parece más un intento por lavarse las manos, que una verdadera intención por cautelar los derechos de la población.

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