OPINIÓN | Edhín Campos Barranzuela: Reforma constitucional de la ratificación

Otro aspecto importante, referido a la reforma constitucional, es el relacionado a que se elimine el proceso de ratificación que se hace a los jueces y fiscales
OPINIÓN | Edhín Campos Barranzuela: Reforma constitucional de la ratificación OPINIÓN | Edhín Campos Barranzuela: Reforma constitucional de la ratificación

Mucha controversia ha causado en la comunidad jurídica nacional el proyecto de ley enviado al Congreso de la República por parte del presidente del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, mediante el cual se modifican los requisitos para la designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

De la misma forma, el referido proyecto que cuenta con el voto aprobatorio de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, plantea la reforma constitucional, a fin de establecer nuevas condiciones tanto en la elección como en la conformación del CNM.

El proyecto de ley establece que el Consejo Nacional de la Magistratura estará presidido por un juez supremo titular o cesante, lo que según los entendidos le va a garantizar la estabilidad en la conducción del órgano autónomo, en la medida que se evitarán pugnas para acceder a dicho cargo y, además, por ser un representante del Sistema Nacional de Justicia.

Otro aspecto importante, referido a la reforma constitucional, es el relacionado a que se elimine el proceso de ratificación que se hace a los jueces y fiscales cada siete años, pues se indica que esta figura constitucional ya no existe en la mayoría de sistemas judiciales del mundo.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 154 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, dentro de las atribuciones que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura es la de nombrar, previo concurso público, a los magistrados, de destituir a los señores jueces y fiscales y también se encuentra la atribución de ratificar a todos los magistrados de todos los niveles cada siete años.

La evaluación integral con fines de ratificación tiene por naturaleza jurídica la evaluación de los elementos de la conducta e idoneidad del magistrado y que son relevantes al interés público, por la delicada función de la impartición de justicia que realiza el magistrado.

Por lo pronto, el propio presidente del CNM, Orlando Velásquez, ha manifestado su rotundo rechazo a la propuesta del Poder Judicial y ha expresado que es un desatino el proyecto de ley, por lo que la discusión está a la orden del día y merece ser estudiado de manera técnica, jurídica y constitucional.

El debate se centra en que si es necesario que los magistrados sigan siendo evaluados por un organismo externo, respecto a su conducta e idoneidad durante los siete años anteriores, así como los referidos a la gestión del despacho judicial, decisiones judiciales, patrimonio, procesos disciplinaros, reconocimientos, capacitaciones y actualizaciones, etc.

O se hace necesario abolir este viejo sistema de ratificación que ya sido derogado por muchos países, de cuya tradición democrática se encuentra debidamente marcado el Estado Constitucional de Derecho, pues no debemos perder de vista que el punto más vulnerable de todo magistrado es cuando se encuentra en proceso de ratificación.

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